El Tribunal Correccional de París ha condenado hoy a tres años de cárcel exentos de cumplimiento al vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, de 49 años, hijo del presidente, por blanquear en Francia decenas de millones de euros producto del cobro de comisiones ilegales y de prácticas corruptas en su propio país durante su etapa como ministro de Agricultura y Bosques. El fallo se considera una sentencia histórica porque es la primera vez que se condena en Europa por corrupción a un familiar de un dictador africano.
El tribunal integrado por tres juezas le impone, también, una multa —que no deberá pagar si no reincide— de 30 millones de euros, según señalan fuentes de Transparencia Internacional, la ONG que denunció a Teodorín y logró que se embargaran todas sus propiedades en París durante la instrucción de este caso denominado como «Bienes mal adquiridos». La defensa de Obiang, representada por Sergio Abeso Tomo, recurrirá el fallo.
La condena a Teodorín Obiang lleva implícita la confiscación definitiva todos los bienes que adquirió en Francia con el dinero saqueado en Guinea Ecuatorial y cuyo valor supera los 100 millones de euros, en especial un gigantesco edificio de 4.500 metros cuadrados en el numero 42 de la avenida Foch por el que pagó 25 millones de euros y una colección de coches de lujo y obras de arte.
El hijo del dictador africano se enfrentaba a una condena de diez años de prisión y a una multa de 50 millones de euros, aunque desde el principio del proceso y debido a las características de la legislación francesa tanto la acusación como la defensa sabían que la condena no obligaría a su ingreso en prisión. «Es una condena símbólica, pero de un gran trascendencia política y jurídica por ser quien es», señala fuente judicial francesa.
Durante la vista del juicio, celebrado en París el pasado mes de junio, tuvo especial relevancia el testimonio de Germán Pedro Tomo, de 57 años, empresario ecuatoguineano residente en Alcorcón (Madrid) quien describió al tribunal las prácticas corruptas de Teodorín en la empresa pública guineana Somagui Forestal cuando ostentaba el cargo de Ministro de Agricultura y Bosques. Tomo vive protegido por la Policía desde hace años.
Ocho emprendedores españoles revelaron los métodos corruptos de Teodorín y fueron llamados a declarar en 2012 en la Fiscalía Anticorrupcíón en Madrid ante una comisión judicial francesa dirigida por Roger Loire y René Grouman, fiscales que investigaron el caso en París. Todos corroboraron los chantajes a los que fueron sometidos por el hijo del presidente Obiang cuando dirigía la empresa Somagui Forestal.
El camino de este testigo hasta la celebración del juicio no ha sido fácil. Amenazas, chantajes y un intento de asesinato frustrado, en 2005, en su domicilio madrileño que estuvo a punto de costarle la vida a su hermano Manuel al que dos sicarios colombianos contratados por dos españoles que residían en Guinea Ecuatorial apuñalaron por error cuando salía de su casa.
La presidenta del Tribunal Correcional de París, Bénédicte de Perthuis, ha subrayado en la lectura de la sentencia que «hay pocas dudas» de que el dinero utilizado para comprarlos procedía de prácticas de «malversación de fondos públicos» y de «corrupción» del actual vicepresidente en su país, según informa Efe.
La magistrada ha recordado que como ministro de Agricultura y de Recursos Forestales a mediados de los años 2000, sus ingresos rondaban los 80.000 dólares anuales y «no tenían comparación posible» con los flujos de decenas de millones de dólares constatados en sus cuentas, que según insistió habían salido en buena medida del Tesoro Público ecuatoguineano.
La corte también decretó que Obiang Mangue deberá indemnizar con 10.000 euros a Transparencia Internacional, que estuvo en el origen del proceso en su contra al denunciarlo ante la justicia francesa hace una década dentro de una campaña conocida como de los «bienes mal adquiridos» contra la corrupción en varios regímenes africanos.
La Fiscalía Nacional Financiera, de hecho, lanzó la instrucción de este caso sobre la base de su denuncia y de otras organizaciones no gubernamentales, que en marzo de 2007 alertaron del origen corrupto de los numerosos activos que Teodorín, entonces ministro, había acumulado en Francia.
El número dos del régimen de Guinea Ecuatorial e hijo del actual jefe de Estado no ha acudido esta mañana a París a la lectura de la sentencia, como tampoco había acudido al juicio, que se desarrolló entre junio y julio pasados en medio de una gran expectación mediática.
Aunque el grupo opositor conocido como coalición Cored al que está asociado Severo Moto —uno de los históricos de la lucha contra el régimen de Obiang— se había presentado como acusación particular, las juezas finalmente no le reconocieron esa condición.