En América Latina, la legislación y las políticas públicas sobre Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) aún son incipientes y presentan desafíos similares, entre éstos, desarrollar una planificación en sentido amplio, encontrar perfiles humanos adecuados para su gestión del PCI, articular el trabajo de diferentes sectores de gobierno y crear marcos legales que permitan trabajar desde la multiculturalidad, advierte Adriana Molano Arenas, directora del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (Crespial), de la UNESCO.
El centro se creó en febrero de 2006, con sede en Perú, a partir de la suscripción del Acuerdo de Constitución firmado en París entre la UNESCO y dicha nación, con el objetivo de promover y apoyar acciones de salvaguardia y protección del vasto patrimonio cultural inmaterial de los pueblos de América Latina. Su propósito es contribuir a la formulación de políticas públicas en los países de la región, a partir de la identificación, valoración y difusión de su cultura viva, acciones conformes con el espíritu de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003).
En un principio, el Crespial congregó a seis u ocho países; hoy lo integran 15, con grandes diferencias en sus contextos pero también con muchas similitudes, explica Adriana Molano. La antropóloga, originaria de Colombia, tomó el cargo como directora en enero de 2017 y desde entonces comenzó una tarea de evaluación para conocer cómo se está implementando la convención de 2003 en los Estados parte.
Tal evaluación se ha desarrollado conjuntamente con consultores representantes de cada una de las naciones hasta el momento afiliadas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como una consultora general del Crespial, bajo la premisa de que para acompañar a las naciones en la tarea que asumieron al firmar la convención es necesario conocer qué pasa en cada una.
Derivado del estudio, la antropóloga abordó los resultados alcanzados en diez meses de análisis, en el marco del IV Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrado en Sonora, México, en días pasados.
En principio señaló que la Convención de 2003 ha sido una de las convenciones de la UNESCO que más rápido se han puesto en marcha, por la cantidad de países que la firmaron desde su creación, la mayoría, sin terminar de comprender qué responsabilidades y consecuencias traería; comentó que en las 15 naciones afiliadas existe una legislación y políticas públicas sobre PCI, pero son incipientes y con políticas de corto aliento: en América Latina es un desafío pensar en términos de Estado y no de gobierno, las políticas suelen ser de corto aliento y cambian con los relevos administrativos, dijo.
Asimismo, comentó que ni la UNESCO, ni los países firmantes de la Convención de 2003 se dieron cuenta, en principio, que la salvaguardia del PCI es un tema intersectorial, que no se puede trabajar este tema sin sectorialidad y eso ha generado problemas porque los países han creado pequeñas institucionalidades.
La titular del Crespial explicó que la intersectorialidad implica un diálogo entre diferentes sectores involucrados con el PCI: salud, agricultura, desarrollo social, cultura, economía, recursos naturales, etc. Pero en Latinoamérica siempre estamos en el límite de generar expectativas que no se pueden cumplir porque se necesitan acciones de Estado integrales; entender que el PCI es un tema político y no podemos desprendernos de eso, dijo la antropóloga, quien señala la falta de planificación en el sentido más amplio.
Habló de algunos casos de países que ya cuentan con legislaciones claras e incluso actas administrativas, como Ecuador, donde la gestión del patrimonio cultural está en la Constitución. En esa nación toda la acción está dirigida por el Ministerio del Patrimonio, con una capacidad tremenda de planeación y que hizo un gran esfuerzo para transferir todo su conocimiento a los municipios, que son los que hacen la gestión.