Xalapa, Ver.- El 1 de agosto de 2016, tras una protesta en el municipio de Xalapa, jubilados y pensionados de todo Veracruz denunciaron por omisión de un deber legal a 13 integrantes y sus respectivos suplentes, del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado.
A más de cuatro años de dicha querella, continúa impune el daño documentado en denuncias ante un posible desvío de recursos del ente por parte del Gobierno del Estado.
La presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes (COPIPEV), Dolores Martínez Amilpa, indicó que desde ese entonces a la fecha, la Fiscalía General del Estado no ha judicializado la denuncia promovida por los jubilados y pensionados.
Esto quiere decir que tras el paso de tres directores del IPE y de tres fiscales del Estado, las investigaciones iniciadas continúan estancadas, y sin ninguna orden de aprehensión emitida de parte de las autoridades jurisdiccionales.
Cabe agregar que el daño provocado al IPE en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa ha colocado al instituto de compensaciones en una situación de alta vulnerabilidad, asociados al frágil estado de sus finanzas.
Esto, además de los gastos onerosos que se han presentado en este ente, es el caso de un desembolso de 254 mil 300 pesos, por la compra de una camioneta Crossover Toyota Avanza modelo 2020, para uso exclusivo de servidores de primer y segundo nivel del organismo.
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