TAQUICARDIA
Por FABIÁN MARTÍNEZ
De acuerdo con datos del portal de noticias La Silla Rota, hay cifras que no caben en un discurso político. Se quedan flotando en los documentos oficiales, en las auditorías y, sobre todo, en las preguntas que nadie puede responder con un simple boletín.
El caso de Jorge Sisniega Fernández, exdirector administrativo de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, coloca sobre la mesa una de esas cifras, 56 millones 665 mil 280 pesos en anticipos que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) identificó dentro de una observación por presunto daño patrimonial.
En 2024, SESVER celebró dos contratos con Grupo Antber, S.A. de C.V., relacionados con la adquisición de infraestructura para generar y almacenar energía eléctrica en hospitales del estado.
El primero, identificado como SESVER/DA/C-134/2024, contempló un sistema fotovoltaico, una planta de emergencia y un sistema de almacenamiento para el Hospital Regional de Coatzacoalcos y el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.
El segundo contrato, SESVER/DA/C-239/2024, contempló sistemas fotovoltaicos para el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, el Hospital Regional de Xalapa Dr. Luis Fernando Nachón, el Hospital General de Córdoba Yanga y el Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa. El anticipo ascendió a 40 millones 652 mil 780 pesos.
Los contratos, en conjunto, representaron 113 millones 330 mil 560 pesos. El ORFIS determinó que esos anticipos formaban parte de una observación por presunto daño patrimonial. Y aunque el término puede parecer frío para quien lee un documento de auditoría, detrás de esa cantidad hay recursos públicos que debieron estar respaldados, comprobados y correctamente amortizados.
Al 31 de diciembre de 2024, SESVER mantenía un saldo de 268 millones 825 mil 684.33 pesos en cuentas relacionadas con anticipos a contratistas y proveedores y anticipos a contratistas.
Posteriormente, en agosto de 2025, el organismo presentó documentación para acreditar la amortización de 5 millones 989 mil 182.04 pesos.
Pero después de esa documentación quedó un saldo de 262 millones 836 mil 502.29 pesos pendiente de amortización, recuperación y/o depuración. Y hay que hacer otra precisión importante, una observación del ORFIS y una denuncia no equivalen a una sentencia condenatoria.
La responsabilidad deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes y con respeto al debido proceso. La denuncia quedó integrada en la carpeta de investigación FECOV/473/2026, iniciada el 14 de julio de 2026.
Ahora bien, que exista una investigación no significa que la ciudadanía tenga que permanecer en silencio mientras las instituciones hacen su trabajo.
Lo que no puede ocurrir es que 56 millones 665 mil 280 pesos permanezcan convertidos en una cifra de auditoría sin una explicación suficientemente clara para los veracruzanos. Porque cuando se administra dinero público, la transparencia no debería ser una cortesía.
Y si alguien ocupó un cargo desde el cual participó en la administración de esos recursos, tendrá que responder por las decisiones que correspondan dentro de sus atribuciones. Mientras tanto dicen las malas lenguas que Jorge Sisniega, quien en su momento buscó tener un fuero con uñas y dientes, ahora está con un pie en la tablita y tal vez ya tiene apartado hasta un lugar en Pacho Viejo.