Alejandro Ávila
Veracruz, Ver.- La creación de un padrón de comunicadores en el estado de Veracruz encendió las alarmas de la organización Propuesta Cívica, cuyos integrantes advirtieron que esta medida podría vulnerar la libertad de expresión, propiciar la autocensura y fracturar al gremio entre periodistas «reconocidos» y excluidos.
Carlos Domínguez, integrante del equipo legal de la organización, enfatizó que ningún registro estatal debe ser obligatorio ni otorgar al Gobierno la facultad de dictaminar quién ejerce el periodismo. Advirtió que un censo gubernamental corre el riesgo de etiquetar «comunicadores de primera y de segunda», ignorando que tanto los corresponsales de medios nacionales como los periodistas comunitarios desempeñan una labor social fundamental para la democracia.
Cualquier padrón, puntualizó el especialista, debe construirse mediante mesas de diálogo incluyentes, mantener un carácter estrictamente voluntario y servir como una herramienta real de protección, no de control.
Por su parte, Ingrid Midori Pérez, coordinadora del área legal de Propuesta Cívica, alertó sobre los severos riesgos de seguridad que implica concentrar datos personales altamente sensibles de los comunicadores, la abogada cuestionó la capacidad de las autoridades para blindar dicha información frente a posibles filtraciones o usos indebidos, un debate que también se mantiene activo en otras entidades como Puebla.
Ante este panorama, los juristas plantearon que la prioridad institucional no debe ser el registro de profesionistas, sino la creación de un registro nacional de agresiones que concentre estadísticas precisas sobre asesinatos, desapariciones y amenazas. Este instrumento permitiría diseñar políticas preventivas eficaces antes de que ocurra una tragedia.
Finalmente, la organización denunció el uso creciente del aparato judicial (a través de denuncias penales y figuras como la violencia política de género) como un mecanismo de intimidación contra la prensa, el cual asfixia económicamente a los comunicadores y fomenta la autocensura mediante procesos legales largos y desgastantes.