La instalación de parquímetros digitales en el centro histórico de Coatepec encendió la polémica y provocó la intervención directa de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, quien manifestó abiertamente su rechazo al proyecto y pidió al alcalde electo revisar a fondo e incluso revertir la medida aprobada por la administración municipal saliente.
El posicionamiento de la mandataria estatal se dio luego del operativo realizado en el primer cuadro del pueblo mágico, donde personal del ayuntamiento desalojó a comerciantes ambulantes como parte de las acciones previas a la puesta en marcha del sistema de cobro por estacionamiento.
Durante la intervención se liberaron accesos en las inmediaciones del Palacio Municipal y del mercado Miguel Rebolledo, además de retirar puestos ubicados en calles como Miguel Lerdo y Primera de Carlos A. Carrillo, mientras patrullas municipales permanecieron en la zona para impedir la reinstalación de los vendedores.
Nahle García consideró que la decisión del actual cabildo no es adecuada para un municipio con vocación turística y con la denominación de pueblo mágico, al advertir que podría generar afectaciones económicas y sociales, por lo que llamó a analizar con mayor responsabilidad el impacto de la medida.
La gobernadora solicitó al próximo presidente municipal, Jorge Ignacio Luna, revisar el acuerdo aprobado por la administración encabezada por Raymundo Andrade Rivera, y no descartó que el proyecto pueda echarse atrás antes de entrar en operación.
El esquema de parquímetros virtuales fue aprobado en sesión de cabildo el 31 de octubre de 2025 y contempla la regulación del estacionamiento en al menos 14 calles del centro histórico, mediante un sistema digital sin dispositivos físicos, con el objetivo de mejorar la rotación vehicular.
Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de críticas desde su aprobación, ya que ediles y ciudadanos cuestionaron la falta de planeación, el momento en que se autorizó —al cierre del trienio— y el estado deteriorado de las vialidades, factores que, señalaron, afectan la imagen urbana y la experiencia turística.
La controversia abrió un debate público entre comerciantes, habitantes y autoridades, dejando en el aire la aplicación del programa y colocando la decisión final en manos de la próxima administración municipal.