Poza Rica, Ver.- En cuatro meses que lleva al frente de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns no ha podido desintegrar las “mafias” que han creado Fiscales en los distintos distritos que existen en la entidad, donde nada se mueve si no hay “dinero” de por medio, pues la justicia se imparte siempre al mejor postor.
Abogados integrantes de distintos organismos en la ciudad denunciaron que los “viejos vicios” al interior de lo que antes fueron los Ministerios Públicos continúan y solo se convirtieron en las flamantes Fiscalías, donde existen abogados con más de 25 años de ejercicio laboral que les ha permitido crear un verdadero “emporio” de corrupción.
Donde es más fácil dejar en libertad a un peligroso delincuente bajo una mala integración de un expediente, -si a cambio hay fuertes intereses económicos-, a que se le haga verdadera justicia a una persona cuyo familiar fue asesinado o violado.
El Sistema Judicial en Veracruz es considerado endeble y si a lo anterior se le suma que Fiscales se prestan a actos de corrupción, muestra la verdadera realidad en que se encuentra el Poder Judicial, con muchas lagunas que permitan que la justicia siga siendo vendida al mejor postor, dejando por un lado que sea pronta y expedita.
EL CALVARIO DE LOS AGRAVIADOS
Casos de lo anteriormente expuesto son muchos, sin embargo, en esta ocasión solo nos enfocaremos al negocio que representa para las Fiscalías el robo y recuperación de vehículos, donde para los agraviados resulta un verdadero “calvario” tener la mala suerte de realizar un procedimiento de recuperación de unidad.
De acuerdo con conocida Fiscal del distrito Poza Rica, quien solicitó el anonimato por temor a represalias, cuando se registra el robo de un vehículo el primer paso es denunciar los hechos.
Posteriormente si la unidad es recuperada por alguna corporación de seguridad, la misma es puesta a disposición del distrito judicial más cercano, en territorio veracruzano.
El paso siguiente es que el propietario debe comparecer ante la Fiscalía y presentar la denuncia de hechos y acreditar la propiedad de la unidad con la factura y solicitar la devolución de la unidad recuperada.
Aunque el Código Penal no establece un plazo en específico, dicho procedimiento no debería tardar más de 15 días, previo peritaje del departamento de Servicios Periciales, en base al inventario practicado desde que se recupera la unidad, tiempo en el cual el Fiscal debe ordenar la entrega de la unidad a su propietario, pero lamentablemente la burocracia y corrupción que impera en los distritos judiciales de la Fiscalía General del Estado provoca que un proceso de este tipo tarde hasta 3 meses o más.
EL NEGOCIO DE LOS ABOGADOS Y FISCALES
En los primeros días del mes de julio fue robada una camioneta alrededor de las 17:00 horas, en pleno centro del municipio de Poza Rica. A las pocas horas el propietario de la unidad puso una denuncia en la Fiscalía con sede en esta ciudad.
Al segundo día de haber sido reportada en la plataforma de información sobre robo de vehículos, la unidad fue localizada en la zona de Costa Esmeralda, perteneciente al municipio de Tecolutla, por elementos de la Policía Federal.
Después de hacer el inventario, la unidad fue puesta a disposición de la Fiscalía en el municipio de Misantla, con el abogado Miguel Antonio Baizabal Lobato, quien se haría cargo del proceso para la devolución de la unidad.
La camioneta fue enviada a un corralón ubicado en la localidad de Palma Sola, donde posteriormente la sacaron y enviaron hasta Ciudad Cardel sin dar aviso a la parte agraviada, a quien después le argumentaron que debido a que en dicha zona opera la delincuencia organizada y siendo una unidad nueva, habían determinado por seguridad trasladarla hasta dicho lugar.
Desde que fue recuperada la unidad hasta el cierre de esta edición han trascurrido más de 3 meses, tiempo en el cual la agraviada, cuyo abogado de nombre Abraham Roma, asegura haber realizado todos los requisitos establecidos por la ley, sin embargo, la unidad no ha sido liberada, pese a que el trámite no debe ser mayor a 15 días.
Otros agraviados en la misma situación aseguran que desde el primer día que iniciaron su comparecencia, los fiscales piden apoyo económico para agilizar los trámites. Más aún, cuando los afectados otorgan poder legal a sus abogados o en su caso a las aseguradoras, porque son quienes, en su mayoría coludidos con fiscales, peritos y dueños de corralones, convierten el robo y recuperación de vehículos en un “negocio redondo” y una verdadera “mafia”.
Los agraviados no solo tienen que pagar sus “mochadas” a los funcionarios de las Fiscalías, sino además una vez liberada la unidad, pagar cantidades estratosféricas a los dueños de los corralones y por si fuera poco, en muchos de ellos las unidades son desvalijadas, haciendo perdedizos los inventarios que en un principio se realizan.
Seguramente de lo anterior no tiene conocimiento la Fiscal General Verónica Hernández Giadáns, y si lo sabe entonces forma parte de la enorme corrupción que impera en todos los distritos judiciales, donde urge una “limpia” o rotación de fiscales para evitar los cotos de poder y los negocios que han creado como círculos viciosos.
La Opinión de Poza Rica estará dando a conocer los casos donde agraviados, aseguradoras, corralones, grúas, Tránsito del Estado, Transporte Estatal y Fiscales, mantienen una cadena de corrupción que deja ganancias millonarias, a merced de violentar los procesos legales y la ley.
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