Poza Rica, Ver.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigió que se condene tanto a los autores materiales cuanto a intelectuales, durante el «Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas».
El organismo que preside Rosario Piedra Ibarra exhortó a las autoridades investigadoras y procuradoras de justicia a que realicen investigaciones acuciosas y exhaustivas a fin de esclarecer los crímenes en contra de periodistas y comunicadores y se condene tanto a los autores materiales cuanto a intelectuales de estos crímenes.
Piedra Ibarra en 2019 fue muy criticada cuando respondió «¿Han asesinado a periodistas?», en un año que fue de los más violentos para la prensa.
Sin embargo, en 2020, exigió a los tres órdenes de gobierno tomar medidas urgentes para asegurar el respeto a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información, así como brindar las condiciones óptimas para que el trabajo informativo de periodistas y comunicadores no sea obstaculizado.
Tan solo en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha sido el más letal para los comunicadores, con 17 periodistas asesinados, pero la cuenta en las siguientes administraciones ha continuado.
Cabe recordar cómo en 2005 se cimbró el periodismo nacional, cuando nuestro director general, Raúl Gibb Guerrero, fue asesinado de manera cobarde. Gibb Guerrero había sido uno de los pocos que se atrevió a investigar, desenmascarar y denunciar lo que nadie nunca había intentado tocar, pero jamás fue intimidado, con una labor firme y valiente, junto a un equipo de profesionales.
Pero los ataques no cesaron, como el atentado en contra de Armando Arrieta Granados, jefe de Redacción de esta casa editorial en 2017, en el intento para acallar una de las voces más críticas de esta empresa, que hoy se encuentra en el exilio, aún expuesto.
Las autoridades no han mostrado avances en la captura de los responsables y mucho menos un castigo, similar a lo que pasa con la mayoría de periodistas en México al enfrentar agresiones, detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamiento, incluso por las mismas autoridades.
En el caso más reciente, el de nuestra directora editorial, Mireya Ulloa Valencia, quien a pesar de ser atacada cuando llegaba a su domicilio, tras el cierre de edición, tuvo que soportar malos tratos, déspotas y sin la mínima ética profesional, por parte de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La FGE ha demostrado poco interés por brindar apoyo, no solo a periodistas, sino a los ciudadanos en general, y resulta inadmisible que personal carezca de perfil para el trato con víctimas de un delito.
En marzo de este mismo año fue asesinada la periodista María Elena Ferral, proceso que sigue en curso y que se exigen investigaciones para castigar a los responsables.
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