FGR DEVUELVE INMUEBLES A LA REINA DEL PACÍFICO

CDMX.- La Fiscalía General de la República devolvió tres inmuebles a Sandra Ávila Beltrán, ubicados al sur de la Ciudad de México, los cuales habían sido asegurados desde 2003 como parte de una investigación por delitos contra la salud.

De acuerdo con documentos presentados ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, la autoridad ministerial acreditó la cancelación del aseguramiento de las propiedades localizadas en la colonia San Nicolás Totolapan, en la alcaldía Magdalena Contreras, en cumplimiento de una resolución judicial emitida desde 2014.

La devolución de los inmuebles se concretó tras un prolongado proceso legal impulsado por la propia Ávila Beltrán, quien promovió diversos recursos ante instancias judiciales para exigir el cumplimiento de la orden de entrega que había sido postergada durante años.

En 2025, la defensa de la llamada “Reina del Pacífico” recurrió nuevamente a la vía legal ante la omisión de las autoridades para ejecutar la restitución. Aunque en un inicio el juzgado determinó sobreseer el caso al considerar que ya existían acciones para cumplir la resolución, un tribunal colegiado revocó dicha decisión y ordenó reponer el procedimiento.

Como resultado de esta reposición, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra la Salud informó que las constancias presentadas demostraban plenamente la cancelación del aseguramiento, lo que permitió avanzar en la entrega de los bienes.

El caso de Ávila Beltrán ha sido uno de los más mediáticos en materia de justicia federal, debido a su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa y a los procesos penales que enfrentó en años anteriores.

Cabe recordar que en 2013 fue recluida en un penal federal en Tepic, donde permaneció hasta 2015, cuando un tribunal revocó la sentencia que cumplía por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La restitución de los inmuebles marca un nuevo capítulo en su historial jurídico, evidenciando el impacto de los recursos legales en la revisión de actos ministeriales y judiciales en México.