Respaldados por sus vecinos, conocidos y amigos, y por las autoridades municipales, familiares de los tres atropellados y muertos la noche del sábado, se plantaron el lunes por la mañana frente a las instalaciones de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Sub Unidad Álamo para exigir la correcta aplicación de las leyes en contra de quien resulte responsable de los lamentables hechos.
Los manifestantes llegaron poco después de las 11:00 horas al exterior de las oficinas ministeriales, y pancartas en mano demandaron la intervención de las instancias investigadoras para garantizar justicia en favor de los deudos.
En sus pancartas podían leerse frases como “Justicia para Leslie, Raúl y Alma”, “Queremos justicia”, “No es 1 son tres” y “Queremos cárcel para el culpable”, mientras en el interior los familiares directos comparecían ante la coordinadora de la Sub Unidad Álamo, Francis Merinos Torres.
Para entonces, personal del departamento jurídico del Ayuntamiento ya había arribado a las oficinas ministeriales para dialogar con la fiscal y comentarle que un abogado de esa área sería la persona de asistir a los denunciantes.
Más tarde arribó el propio alcalde Jorge Vera Hernández para patentizar su apoyo a los agraviados, y para solicitar a las autoridades que se encargarán del caso dar todas las facilidades a los deudos.
Posteriormente, el Edil informó a los manifestantes que la fiscalía había dicho a los familiares afectados que la aseguradora del vehículo homicida respondería por la reparación de daños, siempre y cuando aceptaran la vía conciliatoria, pues en caso contrario se iniciaría la carpeta de investigación para actuar conforme a derecho.
Aseguró que los deudos optaron por la conciliación y que el ajustador del seguro ya estaba platicando con ellos, e indicó que de acuerdo a la ley el pago para la reparación del daño (por persona fallecida) es de cinco mil salarios mínimos.
Sin embargo, sostuvo, los deudos también podrían recurrir a la vía civil para garantizar el mayor beneficio posible, por lo que el Ayuntamiento permanecerá al pendiente de su situación.
En el caso de la difunta Alma y la pequeña Lesli, la beneficiaria directa sería la señora María Cristóbal Medina, madre y abuela respectivamente de las occisas, mientras que por el lado del extinto Raúl, al parecer el beneficiario directo sería un hijo menor de edad que tenía con su primera mujer.
