La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los antecedentes de la jueza Nancy Juárez Salas, quien forma parte del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz. Rodríguez mencionó que la jueza fue suspendida en 2021 debido a varias denuncias de 12 servidores públicos en su contra. Sin embargo, en marzo de 2023, esa suspensión fue levantada, permitiéndole volver a su puesto.
Es importante recordar que, mediante un juicio de amparo, Nancy Juárez Salas instruyó a la presidenta Claudia Sheinbaum a retirar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma judicial. En relación a esto, Sheinbaum indicó que no han recibido notificación oficial sobre la suspensión dictada por Juárez Salas.
Rodríguez citó un artículo periodístico que indica que la jueza también había sido sancionada por investigaciones sobre conductas irregulares, incluyendo desempeño deficiente, incumplimiento de horarios, nepotismo, acoso laboral y violaciones a los derechos de los trabajadores bajo su jurisdicción. “En 2022, se le sometió a un procedimiento disciplinario por hostigamiento laboral derivado de malos tratos hacia los denunciantes”, afirmó la funcionaria.
Además, Rodríguez indicó que la trayectoria disciplinaria de Juárez Salas comenzó en 2016, cuando enfrentó un proceso por la ratificación irregular de licencias médicas, lo que resultó en una sanción administrativa. También mencionó que ha recibido amonestaciones verbales por irregularidades en la expedición de nombramientos y por desatender sus funciones, así como por realizar actividades comerciales prohibidas por los códigos éticos.
En un análisis más amplio, la Secretaria denunció otras irregularidades en el Poder Judicial, señalando que jueces y magistrados han obstaculizado la implementación de políticas públicas y demorado la emisión de sentencias, generando impunidad y negando el acceso a la justicia. Mencionó casos relevantes como las suspensiones de amparo que bloquearon la Ley de Industria Eléctrica, la Guardia Nacional, la prohibición de vapeadores y la extinción de fideicomisos del Poder Judicial.
Rodríguez también dio ejemplos de jueces que han tomado decisiones controvertidas, como Crescencio Contreras Martínez, quien liberó a «La Kena», y Juan José Fernando García Quiroz, que otorgó un amparo para evitar la extradición de Rafael Caro Quintero. Además, destacó la actuación del juez Conrado Alcalá Romo, quien concedió un amparo a Héctor “El Güero” Palma.
La Secretaria denunció irregularidades en los procesos de selección de jueces, incluyendo la venta de exámenes en concursos de oposición por 186 mil pesos. También mencionó que en diciembre de 2022 el Consejo de la Judicatura Federal reveló que el 49% del personal del Poder Judicial tiene al menos un familiar en la institución. “El 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial”, señaló Rodríguez, destacando que algunos empleados tienen hasta 26 familiares trabajando en diferentes cargos dentro de este órgano.
Entre 2004 y 2023, se han registrado 38 mil quejas contra jueces y magistrados, pero el 86% fueron desechadas sin investigación. Solo 472 de estos funcionarios fueron sancionados, lo que, según Rodríguez, revela una falta de transparencia en el proceso disciplinario interno del Poder Judicial.