En febrero de 2016, pocos meses después de que la empresa Volkswagen enfrentara el descrédito internacional por haber alterado las mediciones de contaminantes en sus carros diesel, otro golpe llegaba. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente de México anunciaba que había impuesto una de las mayores multas de su historia: 168 millones de pesos por haber comercializado 45 mil Audis, Bentleys, Porsches, Seats y Volkswagens sin certificado ambiental.
Pero casi 4 años después, el gobierno no ha visto un peso de semejante monto. La multinacional alemana presentó un recurso en el que aseguraba que todo se debió a un error administrativo interno y, hasta que concluya el litigio, no podrá cobrarse la multa.
Esta historia se repite. De los mil 740 millones de pesos con los que han sancionado a casi 5 mil empresas desde 2012 hasta agosto de 2019, sólo se han cobrado 193. Un ínfimo 11%.
Representantes de la procuraduría aseguran que se debe a que las empresas recurren a estrategias legales para retrasar al máximo el pago de las mismas.
IMAGEN DEL GOLFO