Autoridades federales de Estados Unidos dieron a conocer una acusación penal por presuntos delitos de narcotráfico en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve exfuncionarios estatales, a quienes señalan de haber colaborado con un grupo del crimen organizado para el envío de drogas hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con documentos judiciales, los implicados enfrentan cargos relacionados con tráfico de estupefacientes y uso de armas. La acusación sostiene que, aprovechando sus cargos públicos, habrían facilitado operaciones para la distribución de narcóticos a gran escala.
Las autoridades estadounidenses también señalan que los acusados presuntamente formaron parte de una red de protección institucional que permitió a la organización criminal operar con mayor libertad. Según el expediente, algunos funcionarios habrían participado en actos de intimidación, violencia e incluso en agresiones contra personas consideradas adversarias del grupo delictivo.
Entre los nombres incluidos en la investigación se encuentran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”), Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”), Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán (“Juanito”). Este último también enfrenta señalamientos adicionales por un presunto secuestro vinculado a una investigación de la DEA.
En el mismo proceso, autoridades de Estados Unidos aseguran que el grupo criminal conocido como “Los Chapitos” habría intervenido en el proceso electoral que llevó a Rocha Moya a la gubernatura en 2021, mediante presuntas acciones de presión contra contendientes políticos.
Asimismo, se afirma que el mandatario habría sostenido reuniones con integrantes del grupo delictivo antes y después de asumir el cargo, en las que supuestamente se acordó brindar protección a sus actividades a cambio de respaldo político.
El caso fue asignado a una jueza federal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y forma parte de un proceso judicial en el que las acusaciones deberán ser comprobadas conforme a derecho.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial por parte del gobierno de Sinaloa ni de las autoridades mexicanas respecto a estos señalamientos.