Esfuman 4500 mdp

Xalapa, Ver.- Al menos 4 mil millones de pesos del erario veracruzano continúan en el limbo, tras su desvío por parte de servidores públicos en 2019 y 2020, sin existir visos de su recuperación efectiva.

Dentro de su comparecencia ante el Congreso del Estado, la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, advirtió de un presunto daño patrimonial de 4 mil 532 millones 036 mil pesos entre 2019 y 2020.

Sin embargo, de esta cantidad el ORFIS solo reintegró a la Hacienda Pública 296 millones 799 mil 164 pesos.

Po lo que siguen sin aparecer 4.2 mil millones de pesos desviados del erario estatal.

Se tiene que en 2019 el daño detectado por el ORFIS ascendió a 2 mil 645 millones 340 mil pesos, pero los entes fiscalizables solo devolvieron 100.5 millones de pesos.

Para 2020 los desvíos sumaron mil 886 millones 696 mil 192 pesos, de los que el ORFIS apenas reintegró a las arcas estatales 196 millones 225 mil pesos.

González Cobos señaló que se han promovido 205 denuncias por el daño patrimonial causado a las arcas públicas veracruzanas.

El ORFIS inició procesos de investigación por presuntos desvíos en 2019 y 2020, es decir, aquellos que corresponden a la administración del gobernador Cuitláhuac García y las administraciones municipales salientes.

Por el presunto daño patrimonial del ejercicio 2017, el ente presentó 32 denuncias penales; en 2018 se presentaron 3 denuncias penales, en 2019 se determinó un presunto daño patrimonial en 44 entes estatales por 171,652,769.29 en 212 municipios por mil 703 millones y en 14 entidades paramunicipales por 11 millones 87 mil pesos.

Añadió al mismo tiempo que el ORFIS trabaja en los procesos posteriores a la aprobación de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020, así como en la planeación de la revisión a la Cuenta Pública 2021.

A la vez, ofreció proponer al Congreso una serie de reformas jurídicas que permitan realizar la fiscalización superior de manera más ágil, dinámica y con mejores resultados, acorde con las reformas dadas en el nivel nacional y alineadas a los requerimientos de los sistemas nacionales anticorrupción y de fiscalización.