Aunque la presidenta y regidora se negaron a firmar los acuerdos.
TANCOCO, VER.- Tras un tira y afloja que se prolongó casi por doce horas, las partes en conflicto acordaron la entrega de las instalaciones de Palacio Municipal, por lo que desde la primera hora del miércoles los manifestantes retiraron lonas, carteles y sellos que tenían en los edificios del Ayuntamiento.
No obstante, trascendió, la minuta elaborada ante la presencia del personal enviado por el gobierno estatal, no fue firmada por la alcaldesa Guillermina Cruz Carballo ni por la regidora segunda María Esther Melo Santiago, aunque la rúbrica del síndico único, Catarino Salvador Lincer, como apoderado legal del Ayuntamiento, fue suficiente para darle validez al documento.
Hecho lo anterior, los inconformes procedieron a desmantelar las leyendas que habían colocado en la fachada de Palacio y a retirar los sellos que habían colocado en algunas oficinas como las de Obras Públicas y Tesorería, y hasta los de la camioneta Frontier que se utiliza para casos de emergencia, así como a liberar las instalaciones del DIF Municipal, Casa de Cultura, Biblioteca y auditorio municipal.
Como se informó oportunamente, las negociaciones entre ambas partes, con intermediación del Gobierno del Estado, comenzaron alrededor del mediodía del martes en un restaurante de la ciudad de Cerro Azul y se cerraron aproximadamente a la medianoche.
Inicialmente se había dicho que, como parte de los acuerdos alcanzados, la parte oficial del Ayuntamiento había aceptado la remoción del tesorero Jesús Cuervo y la del contralor interno Aquilino Castellanos Valentín; sin embargo, el miércoles se supo que sólo saldrían el segundo y la contadora Mariana Abigail Aguilar Sánchez.
Además, los manifestantes también habrían logrado cinco espacios para emplear a ciudadanos locales, que un vehículo esté al servicio de la comunidad las 24 horas, que el Ayuntamiento aceptara la propuesta de un nuevo contralor y el nombramiento de un nuevo contador por el Cabildo.
También habrían conseguido el compromiso del síndico de desistir de la denuncia presentada el 5 de marzo contra ellos por los diversos delitos supuestamente cometidos; ausencia de represalias y la no destitución de sus puestos a funcionarios y trabajadores municipales inconformes.
Queda pendiente el resultado que arroje la auditoría efectuada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para determinar la situación laboral de Aquilino Castellanos, en caso de que existan observaciones o desvío de recursos.