Habitantes de Palma Sola denuncian el control total del ejido sobre los espacios comunitarios.
COATZINTLA, VER.– Pobladores de la localidad de Palma Sola, en el municipio de Coatzintla, denunciaron que las autoridades ejidales han tomado el control y la administración absoluta de prácticamente todos los espacios de uso común del pueblo, en total autoritarismo.
De acuerdo con los testimonios de los afectados, este acaparamiento ha derivado en una fuerte inconformidad social, debido a que los ejidatarios de Calichar Palma Sola aplican restricciones de acceso y cobros obligatorios en áreas que antes eran públicas, lo que frena el desarrollo de la comunidad.
Los denunciantes aseguraron que el núcleo del conflicto radica en que bienes comunitarios esenciales, como parques, galeras, áreas infantiles, el comedor comunitario e incluso el panteón, pasaron a ser administrados bajo el régimen y las decisiones del ejido. Esta centralización ha eliminado el uso libre de las instalaciones para los habitantes; un ejemplo de ello ocurre en el panteón local, donde la dirigencia ejidal comenzó a realizar cobros por su uso, una medida que contrasta y genera molestia frente a la tradición histórica basada exclusivamente en el trabajo comunitario y el apoyo mutuo, sin fines de lucro.
Este control total sobre la disposición de la tierra también ha afectado la llegada de infraestructura pública y el bienestar social de Palma Sola.
Los habitantes atribuyen directamente a los desacuerdos y bloqueos ejidales la pérdida de dos proyectos federales de gran relevancia que no pudieron concretarse en la localidad: la instalación de una sucursal del Banco del Bienestar y la construcción de un hospital.
A esto se suma el descontento de los padres de familia por el manejo opaco de las parcelas escolares, cuyos recursos son administrados por el ejido sin que se traduzcan en beneficios o cuentas claras para las escuelas.
Finalmente, los ciudadanos señalaron que el control ejidal ha mermado la gobernanza de la comunidad, ya que el subagente municipal, José Juan Cruz Rodríguez, se ha visto impedido de ejercer plenamente sus funciones debido a las limitaciones impuestas sobre el territorio, complicando la gestión de las necesidades básicas del pueblo.
Ante el clima de tensión constante, los pobladores exigieron una intervención oficial para restablecer el carácter público de los bienes comunitarios y demandaron transparencia a la mesa directiva del ejido, integrada por Pascual Anastacio Concepción como comisariado, María Concepción Escalona García como secretaria y Pablo Escobedo Godínez como tesorero.