Autoridades de Estados Unidos iniciaron un proceso para confiscar propiedades y recursos financieros presuntamente vinculados al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios y mandos policiales señalados por posibles nexos con el narcotráfico.
De acuerdo con la acusación presentada por el Departamento de Justicia, todos los bienes que se consideren producto —directo o indirecto— de actividades relacionadas con el tráfico de drogas o la introducción ilegal de armas podrían ser decomisados. Las investigaciones apuntan a una supuesta colaboración con el grupo conocido como Los Chapitos, ligado a los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
El expediente también contempla la posibilidad de incautar activos que no puedan ser localizados, que hayan sido transferidos a terceros o que se encuentren fuera del alcance de la jurisdicción estadounidense. En caso de que los acusados sean encontrados culpables, las autoridades procederían contra cuentas bancarias, propiedades y cualquier otro tipo de patrimonio.
Entre los implicados se menciona al senador Enrique Inzunza Cázares, al exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de otros exfuncionarios y mandos de corporaciones policiacas.
Según la acusación, el ascenso político de Rocha Moya habría contado con respaldo de figuras clave de la organización criminal, como Iván Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán López. A cambio, se le atribuye haber facilitado condiciones para que el grupo operara sin interferencias en el estado.
El documento también señala que algunos funcionarios habrían servido como intermediarios entre el gobierno estatal y el grupo criminal, mientras que otros habrían recibido pagos regulares a cambio de permitir el tráfico de drogas, incluyendo fentanilo.
Como parte de las pruebas, se menciona la existencia de una supuesta lista de pagos —una “narconómina”— que incluiría a diversos mandos policiacos que habrían recibido dinero de manera periódica.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estas acciones formarían parte de una red de corrupción que permitió la expansión de las operaciones delictivas en la región, con la participación de actores políticos y de seguridad pública.