Xalapa, Ver.- Una semana de fracasos cosecharon los abogados de los altos funcionarios del desaparecido Gobierno de la Prosperidad, acusados de desaparición forzada, abuso de autoridad, desvíos de recursos y delitos contra el servicio público.
De entre la cadena de tropiezos destaca el revés de un Juzgado de Distrito de la Ciudad de México contra un amparo formulado por el exgobernador de Veracruz, Javier “N”, por el delito de desaparición forzada de personas.
Javier “N” actualmente purga una condena de 9 años en el Reclusorio Norte de aquella entidad, por uso de recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), que ya ha pagado 5, por lo que de no existir una nueva sentencia saldría de prisión en abril de 2026.
Con fecha 29 de marzo, el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México negó conceder a Javier “N” una suspensión provisional contra una orden de aprehensión, de comparecencia, localización o de presentación, y la ejecución por el delito de desaparición forzada.
Desde el 17 de enero de 2022, Javier “N” promovió un juicio de protección de garantías contra actos de los jueces especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.
En su carácter de jueces de Control, este mismo juzgador resolvió no proteger a Javier “N” de las acusaciones que se le señalan.
Otro de los exduartistas en apuros es el exsecretario de Finanzas y Planeación, Antonio “N”, quien fue detenido el pasado 9 de octubre de 2021 por agentes de la Policía Ministerial.
Y es que a Antonio “N”, excolaborador de Javier “N”, del 17 de marzo de 2015 al 13 de noviembre de 2016, se le requiere para que responda por su probable participación en el desvío de los recursos federales etiquetados de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Con fecha 31 de agosto, Antonio “N” presentó ante el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, el juicio de amparo indirecto número 205/2021, por el que buscaba invalidar cualquier orden de aprehensión y su ejecución.
Y es que Antonio “N” citó a 21 autoridades como responsables de cualquier orden de detención en contra de su persona, lo cual implicó que las autoridades rindieran un número igual en sus respectivos informes justificados.
Además, se exigió ocho nuevos informes de igual número de autoridades ejecutoras, entre los que el exfuncionario citó a jefes y comandantes de la Policía Ministerial del Estado y de los Centros de Reinserción Social.
La determinación de los jueces consistió en sobreseer el juicio de protección de garantías, dado el cambio en la situación del ex Secretario Antonio “N” (su detención), y por lo tanto, aplicó la inexistencia de materia por juzgar.
El tercer caso reportado en la semana corresponde al exsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Juan Manuel del Castillo González.
Juan Manuel del Castillo, exdiputado local por el Distrito de Córdoba, consiguió en un primer momento invalidar un embargo de sus cuentas bancarias por parte del Servicio de Administración Tributaria.
Sin embargo, un Juzgado obligó al excolaborador de Javier “N” a pagar una multa dictada por la Auditoría Superior de la Federación.
Dicha sanción corresponde a un crédito fiscal de 724 mil 154 pesos, razón que el exduartista impugnó por medio del juicio de protección de garantías 963/2021 ante el Juzgado 17º.
Del Castillo obtuvo a cambio la suspensión definitiva contra el embargo de sus activos, pero el mismo juez 17º, Jesús Arturo Cuéllar Díaz, le impidió ampliar el motivo de su demanda contra el crédito fiscal dictado por la Subadministración Desconcentrada de Recaudación de Puebla, “Puebla 2”, del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Con fecha 31 de marzo de 2021, del Castillo González, quejoso, promovió una queja en tribunales contra la negativa del juez Jesús Arturo Cuéllar Díaz de ampliar dicha demanda a nuevos requerimientos de pago, siendo admitida el 1 de abril pasado.
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