Nueva administración solicita intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); advierten presunto daño patrimonial por más de 150 millones de pesos.
Hipólito Moreno Tapia
Álamo, Ver.- Derivado del proceso de entrega-recepción, quedó documentado un presunto quebranto millonario en las finanzas públicas. Tras revisar expedientes financieros y de obra pública del periodo 2022-2025, la actual administración detectó un posible daño patrimonial superior a los 150 millones de pesos durante la gestión de la exalcaldesa Blanca Lilia Arrieta Pardo.
Ante ello, el ayuntamiento que encabeza José Roberto Arenas Martínez solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que inicie una investigación formal y determine las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales.
En una reunión celebrada este martes con integrantes del Cabildo, directores y funcionarios de primer nivel, se presentó un balance que incluye alrededor de 60 obras cobradas sin estar concluidas y otras 30 que habrían sido pagadas sin siquiera ejecutarse, lo que podría configurar simulación en el ejercicio de recursos públicos.
El tesorero municipal, Nathaniel Chacón Pérez, detalló que las observaciones derivan del análisis técnico y financiero realizado tras concluir la entrega-recepción el pasado 30 de enero. Según fuentes del nuevo gobierno, la instrucción es integrar expedientes sólidos para evitar que las anomalías queden en la impunidad.
Como parte de las acciones, el Cabildo acordó fortalecer la denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no descarta solicitar el aseguramiento de bienes y propiedades de la exalcaldesa, para garantizar el resarcimiento del quebranto en caso de que las investigaciones confirmen el presunto daño patrimonial.
Las responsabilidades no recaerían únicamente en la expresidenta municipal. También deberán responder quienes integraron la Comisión de Hacienda durante ese periodo, conformada por la entonces alcaldesa, el exsíndico Dagoberto Hernández Martínez y el regidor Pedro Zamora.
El caso adquiere mayor relevancia si se considera que, durante el último año de la pasada administración, los diez regidores denunciaron públicamente irregularidades e incluso promovieron ante el Congreso del Estado la posibilidad de un juicio político contra la entonces alcaldesa.
Sin embargo, al cierre del trienio, todos los ediles firmaron cheques relacionados con obras públicas y avalaron los reportes financieros, postura que contrasta con sus señalamientos previos y que ahora también forma parte de las indagatorias.
Con este escenario, la revisión de cuentas no solo apunta a esclarecer el destino de recursos públicos, sino a determinar si existió una red de omisiones o responsabilidades compartidas en la aprobación y validación del gasto municipal.
La postura del nuevo ayuntamiento que encabeza Pepe Arenas dejó en claro que no se solaparán irregularidades y, de comprobarse el millonario daño patrimonial, deberán asumirse las consecuencias.