El presidente más popular de la historia reciente de Colombia fue privado de su libertad por un caso que él mismo inició.
Este martes, la Corte Suprema de Justicia ordenó el arresto domiciliario de Álvaro Uribe, que se convirtió en el primer presidente de la historia del país en tener que cumplir dicha sanción.
El exmandatario, de 68 años y mentor político del actual presidente, Iván Duque, es acusado de fraude procesal y soborno.
Uribe se declara inocente y asegura que detrás de su detención preventiva hay una persecución política que ha afectado judicialmente a decenas de sus aliados.
Los simpatizantes acusan a los tribunales, las mismas que le impidieron la segunda reelección en 2009, de dejarse presionar y responder a intereses políticos.
Senador y presidente por dos periodos entre 2002 y 2010, Uribe es la figura política más importante de la historia reciente del país. La decisión de la Corte promete un terremoto político.
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Image caption Uribe es el primer expresidente colombiano en rendir una indagatoria ante la Corte Suprema.
Uribe es investigado por decenas de delitos, la mayoría de los cuales tienen que ver con el surgimiento de grupos antisubversivos en los años 90 y violación de derechos humanos.
Pero el caso que lo priva de la libertad ahora arrancó con una paradoja.
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Image caption Miles de colombianos salieron este domingo a las calles de varias ciudades para expresar su apoyo a Uribe.
El caso que él inició
Todo empezó en septiembre de 2014, cuando, durante un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes.
Para apoyar su acusaciones presentó varios testimonios de antiguos paramilitares.
Concretamente, señalaba a Álvaro Uribe de haber fundado, junto a su hermano Santiago, el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo armado que enfrentó a las guerrillas durante décadas de manera sanguinaria y que dejó miles de civiles muertos.
Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente, se encuentra arrestado y en medio de un juicio por la creación de otro grupo paramilitar llamado los Doce Apóstoles.
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Image caption En 2014, el senador Iván Cepeda acusó a Uribe de tener vínculos con grupos paramilitares y con narcotraficantes.
En respuesta al debate en el Senado, el exmandatario demandó ante la Corte Suprema de Justicia a Cepeda, al que acusó de buscar en las prisiones colombianas a antiguos paramilitares con el objetivo de que sirvieran como falsos testigos en su contra.
La Corte Suprema investigó el caso durante varios años, en los que declararon tanto Uribe como Cepeda, así como todos los testigos implicados. En 2018, la Corte desechó las acusaciones contra Cepeda y, sorpresivamente, abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal.
Convictos y contradictorios
El caso cuenta con 42 testigos, muchos de ellos exparamilitares que se encuentran en prisión. Uno de los principales es Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro del Bloque Metro de las AUC, quien cumple una condena de 40 años en una cárcel de Bogotá.
Monsalve fue uno de los testigos que utilizó el senador Cepeda para sustentar sus acusaciones contra Uribe.
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