El alcalde de Coatzintla deberá comprobar el debido ejercicio de las nóminas por año de los trabajadores sindicalizados que despidió al inicio de su administración en enero de 2022.
La prestigiada abogada dijo que, anualmente, la suma es de 3 millones 800 mil pesos, multiplicado por 4 al año 2025, suman 15 millones 200 mil pesos, y el alcalde deberá responder y aclarar dónde han quedado esas nóminas, porque esas plazas las cubrió sólo con tres trabajadores que están llamados a juicio.
Agregó que esas plazas están activas y es una nómina calificada, con presupuesto autorizado y, por tanto, ¿dónde quedan esos más de 15 millones de pesos?
Señala que la investigación es competencia del ORFIS porque “al momento que se dictó un laudo, todo ese dinero debe estar disponible para que se les devuelva a estos trabajadores sindicalizados despedidos, así como sus salarios caídos y que les devuelvan su trabajo”.
La sociedad, el estado deben estar informados, deben exigir cuentas y por fortuna el ORFIS ya interviene para que, antes de que se vaya el alcalde, rinda esas cuentas porque la cantidad es muy alta.
Asimismo, señaló que el ayuntamiento no compareció, porque la síndica Eunice García García nunca compareció a 5 de los trabajadores despedidos. “Eso es terrible desinterés jurídico, se dijo enferma cuando la vimos con el alcalde en un evento político, mandó a otra persona lo cual es ilegal, ya que la Ley Orgánica del Municipio Libre dice que las funciones del síndico, sólo las absorbe el síndico”.
Y si realmente estuvo enferma -añadió-, debió hacerlo mediante un instrumento notarial para que tuviera validez jurídica, pero lo que envió fue un justificante médico de un Centro de Salud, que señalaba que por diez días estaba incapacitada, sin mostrar resultados de estudios de laboratorio o si estaba recién operada.
Dejó en claro que el ayuntamiento, en su defensa, intenta a toda costa, mediante preguntas capciosas e insidiosas, hacerlos empleados de confianza, pero eso es absurdo y sus preguntas en el Tribunal son desechadas, son tachadas.
El alcalde incurre en una clara dilación y eso es un abuso de autoridad. “Como lo demostró al inicio del juicio, el mismo César Ulises retó, que a él no le ganaba nadie, pero le decimos que despojar de sus derechos laborales y humanos a los trabajadores no es un reto, es un abuso”.
