Un derrame de hidrocarburos en Papantla, Veracruz, ha causado severos daños ambientales y económicos, impactando a las comunidades indígenas totonacas durante 42 días. Estas comunidades han solicitado a Petróleos Mexicanos (Pemex) una remediación efectiva, según informaron diversas organizaciones.
A pesar de la gravedad de la situación, Pemex ha sido criticada por los habitantes de Ojital Viejo y El Chote, quienes la acusan de implementar medidas inadecuadas y mal ejecutadas, lo que ha intensificado la crisis.
El derrame, que ocurrió el 21 de agosto debido a un oleoducto mal mantenido, ha contaminado 12 kilómetros de un arroyo que desemboca en el Río Cazones, dejando a su paso una serie de efectos negativos.
Las comunidades locales han reportado la muerte de fauna silvestre y doméstica, así como la pérdida de cultivos y la contaminación de pozos artesianos, vitales para el suministro de agua en la región. Los pobladores han destacado que el derrame ha destruido sus principales fuentes de ingreso, ya que los pozos de agua y las tierras agrícolas se han vuelto inutilizables.
El arroyo afectado, un afluente del Río Cazones, es fundamental para el abastecimiento de agua en la zona, poniendo en riesgo la salud de cientos de personas. Además, han denunciado que las acciones de Pemex han sido consideradas irregulares y peligrosas por las comunidades y organizaciones civiles.
Una inspección realizada a finales de septiembre por la Alianza Mexicana contra el Fracking reveló que Pemex solo envió un equipo de ocho trabajadores, quienes carecían del equipo de seguridad adecuado y utilizaban herramientas rudimentarias para remover el suelo contaminado.
Lo más preocupante, según los habitantes, es que Pemex colocó el suelo removido junto al arroyo, sin tomar precauciones para evitar que los contaminantes se filtraran nuevamente en los cuerpos de agua, lo que ha empeorado la situación, especialmente tras las lluvias de principios de octubre.
Diversas organizaciones han señalado que Pemex no ha puesto en marcha un plan adecuado de remediación y que las medidas adoptadas han sido improvisadas y carecen de la tecnología y protocolos necesarios para un desastre de esta magnitud.
La indignación en las comunidades es evidente, ya que los habitantes han denunciado un trato “despótico y discriminatorio” por parte de Pemex y las autoridades, quienes no han intervenido de manera efectiva ni proporcionado información clara sobre las consecuencias del derrame.
“No han venido a ver cómo estamos, no han hecho nada por remediar los daños”, expresaron los vecinos de Ojital Viejo, quienes se han organizado para mitigar los efectos del derrame, incluyendo brigadas para rescatar fauna y contener la contaminación.
Ante esta situación y la falta de acción efectiva, las comunidades afectadas, junto con varias organizaciones, exigen que Pemex retire de inmediato los materiales contaminantes y asuma la restauración completa de los ecosistemas dañados.
También piden acceso a atención médica para las personas expuestas a los contaminantes y que se sancione ejemplarmente a la empresa. Asimismo, solicitan inspecciones rigurosas y que el Estado mexicano implemente medidas para prevenir futuros incidentes que no solo dañan el medio ambiente, sino que también afectan gravemente a las comunidades más vulnerables.
Este desastre vuelve a cuestionar la gestión de Pemex y su impacto ambiental en una región reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que parece ser tratada como una zona de sacrificio.
