Aseguran que el hermano del exalcalde no hizo un buen papel en la administración anterior.
Por: Mónica Tejeda Hernández
Mecatlán, Ver.- Habitantes de la cabecera municipal y de diversas comunidades de Mecatlán expresaron su inconformidad por el nombramiento de Manuel Antonio Sosa como director de Obras Públicas del Ayuntamiento, al considerar que existe un posible conflicto de interés derivado de su parentesco con el expresidente municipal.
De acuerdo con los señalamientos ciudadanos, Manuel Antonio Sosa es hermano del exalcalde del municipio, quien habría influido en su designación dentro de una de las áreas con mayor presupuesto operativo del Ayuntamiento. Los inconformes sostienen que este nombramiento podría tener implicaciones administrativas y políticas, por lo que solicitan su revisión por parte de las instancias correspondientes.
Antecedentes señalados por la ciudadanía
Vecinos del municipio recordaron que Manuel Antonio Sosa se desempeñó anteriormente como responsable del área de choferes durante la administración pasada. Señalan que, al concluir ese periodo, se detectaron presuntas irregularidades relacionadas con el estado del parque vehicular municipal, incluyendo la falta de autopartes en algunas unidades, situación que, afirman, no fue aclarada durante el proceso de entrega-recepción.
Asimismo, indicaron que el actual funcionario no cuenta con formación técnica en áreas relacionadas con la obra pública, como ingeniería, arquitectura o administración de proyectos, lo que, a su juicio, limita el adecuado desempeño del cargo.
Solicitan intervención de autoridades estatales
Ante estos señalamientos, habitantes de Mecatlán solicitaron la intervención de distintas instancias estatales para revisar la situación administrativa del Ayuntamiento, como el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), para que realice una auditoría al parque vehicular y a los recursos asignados a la Dirección de Obras Públicas.
Así como también, la Fiscalía General del Estado (FGE), para que, en caso de ser procedente, investigue posibles responsabilidades administrativas o patrimoniales e incluso, al Organismo Público Local Electoral (OPLE), para que dé seguimiento al uso de recursos públicos y verifique que no se destinen a fines distintos a los establecidos por la ley.
Los ciudadanos manifestaron que su exigencia principal es la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y el cumplimiento de los principios de legalidad y equidad en la administración municipal. Recordaron que en anteriores administraciones se han presentado movilizaciones sociales para demandar prácticas de gobierno abiertas y apegadas a la normatividad.
Finalmente, hicieron un llamado a que el Ayuntamiento garantice que los cargos públicos sean ocupados con base en criterios de capacidad y legalidad y no por vínculos personales o familiares.