La Operación Restitución deja 23 imputados por despojo de inmuebles; detectan complicidad de servidores públicos y sociales.
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desarticuló una red criminal dedicada al despojo de propiedades que operaba en al menos 14 municipios. Como parte de la Operación Restitución, fueron imputadas 23 personas, entre ellas tres notarios, nueve funcionarios públicos y líderes de grupos como “USON”, “GOPEZ”, “Los 300”, “22 de Octubre” y “Los Gastones”.
Entre los detenidos hay seis integrantes de la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)”, que despojaban a sus víctimas mediante amenazas y violencia. También fueron capturados 11 objetivos prioritarios identificados como cabecillas de estas organizaciones, incluido el líder de “Los Gastones”.
La operación, que se llevó a cabo del 22 al 30 de mayo con apoyo de SEDENA, Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía de Veracruz, destapó la complicidad de funcionarios municipales, estatales y notarios públicos, quienes habrían validado escrituras falsas o trámites ilegales de regularización de propiedades.
La FGJEM informó que en las próximas semanas se celebrarán audiencias de imputación contra cinco servidores del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), dos directores de Desarrollo Urbano, un ex director de Catastro de Ecatepec y una jefa de mercados de Chimalhuacán.
En el caso de los notarios, dos con sede en Toluca y uno en Ecatepec, están acusados de falsificación de documentos y por haber expedido poderes notariales o actos traslativos de dominio ilegales. Sus audiencias están programadas entre el 16 y 27 de junio.
Organizaciones como GOPEZ usaban reportes anónimos para justificar desalojos ilegales con ayuda de autoridades de Ecatepec, mientras que “Los 300” están ligados a delitos como homicidio, extorsión, narcomenudeo y robo en municipios como Zumpango y Tecámac.
La Fiscalía explicó que la Operación Restitución busca desmontar estos entramados delictivos y llevar ante la justicia a quienes, desde cargos públicos o notariales, facilitaron el despojo del patrimonio de cientos de familias.