Brutal tortura en el Cereso

Rafael García Hernández fue detenido por elementos de la Policía Ministerial con base a la causa penal 11/2010, radicada en el Juzgado Primero de Primera Instancia en el distrito Poza Rica.

Su detención se ejecutó el 17 de octubre del año en curso, pero las autoridades ministeriales lo tuvieron escondido 9 días, ya que fue hasta el día 27 del mes en curso cuando sus familiares conocieron de su paradero.

Testigos oculares y familiares afirman que su detención se dio con lujo de violencia y posteriormente quedó incomunicado, hasta que se logró conocer que estaba recluido en el Centro de Readaptación Social en Poza Rica.

García Hernández fue detenido en la comunidad La Grandeza, perteneciente al municipio de Papantla, como presunto responsable del delito de lesiones. Pero posteriormente resultó que había una denuncia en su contra como presunto responsable del delito de abigeato, hecho ocurrido 10 años atrás, según la denuncia de los hermanos José Antonio y Enrique, de quienes se desconocen sus apellidos.

Los familiares acusan que ahora el presunto implicado estaría siendo señalado por el robo de ganado, pero la esposa del detenido niega tales hechos, y señala que su esposo ha sido incomunicado, golpeado y torturado para hacerlo firmar una declaración sin contar con una defensa legal.

También comentaron que desde la detención de Rafael García Hernández se violaron sus garantías individuales y además se hizo uso excesivo de violencia por parte de los policías ministeriales, quienes lo sacaron a golpes de su domicilio, de lo cual existen testigos.

Además de mantenerlo incomunicado, a los familiares no se les ha permitido verlo físicamente, pero su abogado les notificó que se encuentra severamente golpeado y con huellas de tortura. Lo anterior dentro del Cereso de Poza Rica, donde fue recluido después de ser detenido en La Grandeza.

Ahora los familiares iniciarán una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en contra de los elementos de la Policía Ministerial que ejecutaron la orden de aprehensión, por violentar los derechos humanos del presunto.