La alcaldesa culpa a la mafia del poder, a los neoliberales y a todo lo pasado.
Hipólito Moreno Tapia
La alcaldesa de Álamo, Blanca Lilia Arrieta Pardo, se comprometió a gestionar fondos del fideicomiso de la caseta del puente José López Portillo para realizar obras en el municipio, pero a 2 años de fallar en sus gestiones acusó a los gobiernos neoliberales de beneficiarse del peaje.
Se excusó en el convenio “enclausulado, amafiado, para que si ese recurso no se aplica, se lo quede la concesionaria del puente”, aseveró. Sin embargo, no ha podido lograr que se aterricen tales fondos, pese a que desde abril de 2020 el Gobierno federal decretó la extinción de fideicomisos públicos estatales.
Este recurso sería trasferido, en el caso de Veracruz, a la SEFIPLAN, pero a la fecha no han podido informar sobre obras realizadas con el dinero que sigue captando la caseta del puente, ni la alcaldesa ha podido exigir una respuesta.
“En el tema del recurso del Fideicomiso 080, correspondiente al puente José López Portillo, los gobiernos neoliberales se han hecho de la vista gorda y de los recursos que ahí se recaudan nadie sabe en dónde quedaron”, aseveró a principios de este año.
Expuso que el convenio para el uso de tales recursos quedó “enclausulado, amafiado, para que si ese recurso no se aplica, se lo quede la concesionaria del puente”, aseveró.
“Así que lo hago público: el gobierno de la Cuarta Transformación trabaja para erradicar esa corrupción de los gobiernos neoliberales que nos antecedieron, que amañaron los convenios para que el recurso no se aplicara y se lo quedaran ellos. Hoy estamos en pie de lucha para ir por esos recursos”, proclamó.
Pero el discurso triunfalista se ha topado con una triste realidad, ya que Lilia Arrieta no ha podido concretar dichas gestiones.
El puente fue inaugurado el 8 noviembre de 1980 y 28 años después la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó el 29 de febrero de 2008 a favor del Gobierno de Veracruz la facultad de “explotar, mantener y conservar el puente”.
Con ello, el 7 de septiembre de 2009 el Congreso del Estado autorizó constituir un fideicomiso para la administración de los ingresos, cuyos recursos fueron bursatilizados, para que a partir del financiamiento obtenido se aplicaran fondos para desarrollar obras de infraestructura, aunado al mantenimiento del mismo puente.
Desde entonces se entregan hologramas a los residentes de Álamo para exentar el peaje, pero el resto de los usuarios pagan.
El tema se complicó, ya que en abril de 2020 el Gobierno federal decretó la extinción de fideicomisos públicos estatales, con lo cual los fondos que manejaban serían trasferidos, en el caso de Veracruz, a la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación, sin que hasta ahora se haya informado sobre obras realizadas con el dinero que sigue captando la caseta del puente, instalada hace 43 años.
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