Poza Rica, Ver.- En los últimos meses se han registrado varios casos de secuestros exprés, incluso con privaciones ilegales de la libertad de mujeres, quienes han sido obligadas a realizar retiros de cuantiosas sumas de dinero y otros casos que rayan en la extorsión telefónica, en la que avezados delincuentes enredan a las víctimas para que se hospeden en hoteles y permanezcan escondidos.
De acuerdo a las estadísticas de este tipo de delitos; el secuestro en el estado ocupa el 3% de estos casos, solo uno fue resuelto en flagrancia, con dos personas detenidas en el hotel Vainilla, donde mantenían plagiada a la víctima, esto ocurrió el pasado 18 de junio.
Entre los casos recientes se ubica el de una mujer que fue interceptada por dos sujetos cuando salió de la Plaza Cívica el pasado 28 de abril, luego de recibir la vacuna antiCovid, amenazada con armas de fuego fue obligada a trasladarse al banco HSBC, donde retiró alrededor de 70 mil pesos en efectivo, con los que huyeron los dos delincuentes.
Cabe señalar que a pesar que uno de los secuestradores (mujer) fue captado por la cámara de video del banco, el caso no ha sido esclarecido por las autoridades y los secuestradores siguen libres y operando en agravio de la ciudadanía.
Otros dos casos se acercan más a la extorsión telefónica, ya que después de recibir una llamada telefónica los agraviados han sido rescatados en hoteles donde los delincuentes les han ordenado hospedarse y permanecer mientras “arman su teatro” para despojarlos de fuertes cantidades de dinero, afortunadamente, estos casos han sido resueltos por la Policía Preventiva.
Pero retomando el caso de los secuestros exprés, estos permanecen sin esclarecer, como el último registrado en iguales circunstancias; dos delincuentes, interceptan a su víctima, configurándose el delito de privación de la libertad, después la obligan a ir a un banco para realizar retiros de dinero, encañonada por un arma de fuego y continúan con exigencias de fuertes cantidades y aun así las autoridades de la Unidad Especializada Contra el Secuestro se negaron a integrar la investigación ministerial, argumentando que no hubo privación física, por lo que el caso de Erika “N” se encuentra en compás de espera, sin ser investigado.
Además a la mujer se le negaron las medidas preventivas de protección a las que tiene derecho por tratarse de un delito grave que pone en riesgo su seguridad y la de su familia, por ello, se espera que la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, tome cartas en el asunto, por tratarse de mujeres que continúan esperando una justicia pronta y expedita, como marca la Ley.
Por Jorge Gómez
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