Ciudad de México.- La impunidad prevalece a 10 años del asesinato de la activista Marisela Escobedo, quien emprendió una lucha durante dos años para conseguir justicia tras el feminicidio de su hija Rubí Frayre hasta que el 16 de septiembre de 2010 fue atacada a tiros justo frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Al día de hoy no se ha dado la reparación de los daños a los familiares de Marisela, quienes se vieron obligados a huir a Estados Unidos porque recibieron amenazas. El gobierno estatal tampoco ha ofrecido una disculpa pública por las omisiones y la indiferencia por el caso.

En una entrevista con el periódico de circulación nacional El Universal, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Rosario Piedra Ibarra indicó que el organismo está revisando la queja que derivó en una recomendación para el entonces gobernador César Duarte.

“En ella (la queja) se le acusa de indebida procuración de justicia en agravio de Marisela Escobedo y de tres víctimas ofendidas por este delito”, por lo que está analizando si hay puntos débiles o que se hayan dejado de atender y, en caso de hallarlos, habría una reapertura.

“Aquí lo que hay que indagar (…) es qué está pasando, no sólo para la reparación integral del daño que incluye la disculpa pública, sino para garantizar la no repetición”, añadió en la nota Impunidad, a 10 años del feminicidio de Marisela Escobedo.


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Por ALF