Denuncian que jueces en Poza Rica se niegan a cumplir amparos federales de ciudadanos estadounidenses, pese a violaciones de derechos humanos; hay varios casos similares.
POZA RICA, VER.– Jueces de control en Poza Rica se niegan a dar cumplimiento a sentencias de amparo que protegen a tres ciudadanos de nacionalidad estadounidense recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) local, denunció públicamente la abogada penalista y defensora de derechos humanos, Perla del Carmen Morales Solano.
Según la jurista, a pesar de que los juicios de amparo 09/2025 y 190/2025 declararon la violación de los derechos fundamentales de sus representados, las autoridades locales han ignorado los fallos que desde septiembre esperan resolución, incurriendo en un uso desmedido de la prisión preventiva justificada.
Morales Solano reveló que el pasado 6 de noviembre se notificó a los detenidos una prórroga de su reclusión sin que se abriera la audiencia de ley correspondiente, un acto que calificó de ilegal y potencialmente constitutivo de delito. La defensa señaló que la justificación de los jueces locales para el retraso procesal es la supuesta pérdida total de los expedientes físicos y digitales; sin embargo, esta versión contradice las declaraciones de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Veracruz, quienes aseguraron que toda la información judicial se encuentra resguardada. “Que nos aclaren quién está mintiendo, si los jueces locales o las magistradas presidentas a la ciudadanía veracruzana”, cuestionó la abogada.
La situación ha escalado al ámbito federal, donde la jueza local ya ha sido sancionada en dos ocasiones por no rendir informes a tiempo y por incumplir los plazos otorgados para acatar los amparos, información que es pública en los portales de transparencia. La defensa técnica enfatizó que las sentencias de amparo son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por lo que exigió una respuesta en un plazo no mayor a 24 horas para que se respete la tutela de derechos de los ciudadanos extranjeros.
Finalmente, la litigante advirtió que este no es un caso aislado, pues han documentado prácticas similares desde Ozuluama hasta Papantla, donde los jueces prorrogan medidas cautelares lesivas desde el escritorio, sin citar a las partes. Entre las irregularidades mencionadas destacan traslados arbitrarios de internos para alejarlos de sus familias y el envío de notificaciones de extensión de prisión sin intervención de la defensa. Morales Solano hizo un llamado urgente a las autoridades estatales para que actúen conforme a la ley y atiendan la crisis del Cereso de Poza Rica, el cual no cumple con las condiciones necesarias para la reclusión, sin que hasta el momento exista voluntad para construir un nuevo recinto.