Xalapa, Ver.- Defensoras de los derechos de las mujeres advierten de un nulo avance de las dos alertas de género decretadas en el estado de Veracruz: la de 2016 por violencia feminicida y la de 2017 por agravios comparados.
Además, desde 2019 caminan las condiciones para emitir una tercera alerta por desapariciones de mujeres, y aunque la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) intentó impedir esta última, un amparo destrabó cualquier obstáculo.
A decir de la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrella Mendoza, las organizaciones civiles solicitaron iniciar una tercera alerta en vista del alto número de mujeres desaparecidas en el estado de Veracruz.
“En 2019 veíamos un contexto muy grave de cómo operan los grupos delincuentes que desaparecen y asesinan a las mujeres y hay miedo de hacer la denuncia. Se inició el procedimiento de la alerta, pero se ha alargado porque hay vacíos en el reglamento de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia”, dijo.
En ese sentido, la CONAVIM, ente de la Secretaría de Gobernación para determinar el riesgo para las mujeres en municipios y entidades, cuenta con un plazo para marzo para presentar un primer informe acerca de la situación.
“Hace tres semanas inició la investigación de desaparición de mujeres y niñas en Veracruz; están en la elaboración del informe, deben presentarlo en marzo. Una vez presentado el informe se hacen las recomendaciones al Gobierno del estado y tendrá seis meses para su aplicación.
Si hay un problema de desaparición se debe decretar la alerta, no ha ayudado dar sesión en los meses porque lo único que hace es dar aspirinas a un problema”, subrayó.
La defensora advirtió que Veracruz es un estado que en cinco años y tres gobiernos no ha podido combatir la violencia contra las mujeres y no presenta resultados sustanciales en cuanto a sus alertas.
Otra situación que observó es que no existe un plan integral de atención a la violencia que sufren las mujeres en localidades rurales y en dicho sentido, la Fiscalía General del Estado planteó generar unidades itinerantes para atender zonas marginadas, situación al momento no cumplida.
Por su parte, la coordinadora del Colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra, urgió a la Procuraduría de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes informe sobre los planes de restitución de derechos al interior de las procuradurías municipales.
Y es que la Procuraduría estatal debería capacitar a los procuradores municipales porque son parte de administraciones que están iniciando y se trata de reducir la curva de aprendizaje.
“Nos parece que desde la Conavim y el GIN se debe establecer un mecanismo después de las alertas, si las medidas están cumplidas se tendría que levantar esa alerta y establecer un mecanismo de seguimiento porque es algo que no ha ocurrido.
Este mecanismo es un esfuerzo para el diseño, implementación y aplicación de políticas públicas para la atención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres y hay una experiencia que da resultados. Es necesario irnos más allá, levantar esa alerta y establecer un mecanismo de seguimiento porque no es suficiente cumplir las medidas de la alerta, se deben consolidar las medidas de cambio”, dijo.

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