En Veracruz, la violencia sexual contra menores en escuelas públicas es una problemática que ha crecido de manera alarmante en los últimos años. Según datos oficiales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), entre 2012 y 2024 se han registrado al menos 256 casos de abuso sexual cometidos por personal educativo en distintos niveles escolares, desde preescolar hasta bachillerato.
El año 2024 marcó un récord con 74 denuncias, reflejando un aumento significativo respecto a años anteriores. Los principales espacios afectados son las secundarias generales y telesecundarias, seguidas por bachilleratos, aunque también se reportan casos en primarias y preescolares.
Uno de los casos más notorios ocurrió en el Centro de Atención Múltiple (CAM) número 6 de Xalapa, donde un maestro fue detenido en 2022 por abuso sexual contra al menos cuatro menores con discapacidad. Sin embargo, las madres de las víctimas han denunciado la falta de acción y encubrimiento por parte de las autoridades escolares y la SEV. Pese a las evidencias, la respuesta institucional ha sido lenta y con escasas sanciones, lo que ha prolongado el sufrimiento de las víctimas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz ha emitido varias recomendaciones para que la SEV mejore la atención y sanción en estos casos, pero algunas han sido rechazadas por la dependencia. Esta ha argumentado que no siempre hay pruebas suficientes para proceder, ignorando que en delitos sexuales el testimonio de la víctima es fundamental para la investigación.
Además, en muchas ocasiones los profesores acusados no reciben castigos ejemplares, y algunos simplemente son trasladados de escuela, lo que pone en riesgo a más estudiantes. La Fiscalía General del Estado (FGE) ha detenido a varios docentes, pero el avance judicial suele ser lento y las víctimas enfrentan revictimización y falta de apoyo psicológico.
Expertos en psicología infantil advierten que el trauma del abuso puede tardar en manifestarse y que los cambios en la conducta de los menores deben ser atendidos con sensibilidad para evitar daños mayores. También señalan que el entorno escolar debería ser un espacio seguro, y cuando no lo es, la confianza en las instituciones se pierde.
Finalmente, el delito de omisión de cuidados recae sobre quienes no protegen a los menores en las escuelas. Actualmente, algunas autoridades educativas enfrentan procesos penales por estos actos de negligencia, pero el camino hacia la justicia y la reparación del daño es aún largo.
La situación demanda atención urgente para garantizar que las escuelas sean espacios libres de violencia y que las víctimas reciban justicia y acompañamiento integral.