Reina Panzo estuvo 11 años en la cárcel porque no pudo demostrar que su hija nació muerta. Tenía 22 años cuando el hecho ocurrió, en 2006, en la Zongolica, y fue denunciada por familiares de su pareja. En ese momento sólo hablaba náhuatl, no tuvo traductor y no conoció al defensor de oficio que le asignaron.
Le dieron 35 años de cárcel, pero con ayuda de la asociación civil Equifonía, que en 2013 tomó su caso, la pena se redujo a 20 y obtuvo finalmente la liberación anticipada. Ella logró salir en julio de este año, pero aún hay 10 mujeres que se encuentran en la cárcel por el delito de homicidio en razón de parentesco; la mayoría tuvo un aborto accidental en el segundo trimestre del embarazo, lo cual es considerado como un delito.
De acuerdo con el informe de Alerta de Género para el Estado de Veracruz por agravio comparado, en 2015 al menos 7.9 por ciento de muertes maternas fue a causa de abortos clandestinos.
El documento presentado a la Secretaría de Gobernación para solicitar la segunda alerta de género, resalta que entre 2010 y 2014, la mortalidad materna por aborto a nivel estatal se presentó principalmente en mujeres de 20 a 29 años, con 15 casos.
En el estado no está permitido interrumpir el embarazo de manera voluntaria, como ocurre en la Ciudad de México, donde se han practicado 187 mil 833 abortos de abril de 2007–cuando se aprobó la ley que permite la interrupción hasta las 12 semanas de gestación– al 13 de diciembre de 2017; 414 mujeres provenían de Veracruz.
La segunda alerta de género en Veracruz por “agravio comparado” –la primera fue por feminicidios– se enfoca a la discriminación normativa, en los derechos sexuales y reproductivos, por lo que el Congreso del estado deberá modificar el Código Penal local para ampliar las causales para poder interrumpir el embarazo. Se trata de una iniciativa de ley que los diputados panistas han rechazado, el 28 de septiembre la votaron en contra.
Sergio Hernández, líder del Congreso local, anticipó que se mantendrán firmes para no aumentar las causales del aborto, pues la segunda alerta de género no es vinculante y no los obliga a acatar la disposición.
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“Aquí no caben sus creencias morales ni religiosas, porque ellos decidieron ir a un puesto político, si quieren seguir sus creencias morales que vayan a ser sacerdotes, curas”, advirtió Verónica Cruz, integrante del Centro Las Libres de Información en Salud Sexual.
En Veracruz está penado el aborto y se garantiza la vida desde el momento de la concepción con la reforma de 2016, impulsada por el exgobernador Javier Duarte.
La presidenta de Equifonía, Aracely González, quien solicitó la alerta de género a Gobernación, dejó en claro que no se trata de despenalizar el aborto, sino de tener un “piso mínimo” como lo tienen en otras entidades.
“El Congreso local es el único poder del Estado que no ha cumplido con una sola de las recomendaciones”, dijo.
En el resolutivo de la alerta –emitido por la Secretaría de Gobierno- se advierte que el Congreso deberá modificar el artículo 149, 150 y 154 del Código Penal para el estado de Veracruz, para acabar con la discriminación normativa en comparación con otras 22 entidades.
El presidente de la Mesa Directiva de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández, advirtió que el Poder Legislativo es autónomo, y que no atenderá las recomendaciones de esta segunda alerta.
EL HERALDO
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