Las unidades oficiales de los ayuntamientos están destinadas a facilitar el trabajo de los funcionarios; es decir, traslados a reuniones, supervisión de obras, atención ciudadana y, en general, tareas inherentes a la función pública.
Pero en la práctica, al menos en Poza Rica, el uso de estas unidades ha sido descaradamente desvirtuado. Desde el inicio de la actual administración municipal, los vehículos oficiales, pagados con recursos públicos, han sido utilizados como si fueran propiedad privada.
No son pocos los casos documentados de funcionarios que aprovechan las camionetas del ayuntamiento para hacer viajes personales, de placer e incluso de compras, fuera del municipio y hasta fuera del estado.
No sorprende, entonces, que varias de estas unidades hayan sido chocadas, maltratadas o simplemente abandonadas, convertidas en chatarra, con cargos al erario. Todo indica que la siguiente administración heredará no una flotilla funcional, sino una colección de fierros inútiles, producto del abuso y la falta de rendición de cuentas.
El caso más reciente involucra al director de Educación del municipio, Arturo Huidobro, quien fue sorprendido utilizando una camioneta oficial, en horario laboral, para ir a comer a un conocido restaurante del municipio de Papantla. Es decir, fuera de su lugar de trabajo, usando recursos públicos para asuntos claramente personales. ¿Y ante esto, quién responde? Nadie.
Porque, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en esta administración el Contralor Municipal ha sido un adorno costoso, una figura que ha brillado por su ausencia cada vez que se necesita investigar y sancionar.
A pesar de denuncias públicas, evidencias fotográficas y testimonios, nunca se aplicaron sanciones. Todo se cubre con el manto de la omisión, la complicidad o el simple desinterés por hacer cumplir la ley.
Lo más grave es que todos estos excesos se pagan con el dinero del pueblo. El mismo pueblo que carece de servicios básicos, que lidia con calles en mal estado, con problemas de seguridad, con escuelas olvidadas… pero que finalmente termina financiando la gasolina de un paseo dominical o un almuerzo fuera de la ciudad.
Es urgente que la próxima administración no solo reciba las llaves de unidades destruidas, sino también el mandato claro de poner un alto a este tipo de abusos, auditar cada peso y castigar con rigor a quienes han confundido el servicio público con el beneficio personal.
