—¡Al piso! ¡Tírense al piso! —ordenó uno de los agresores nada más entrar a la casa.
La matanza fue en apenas tres minutos. Pistolas en mano y cubrebocas en la cara, los cuatro asesinos llegaron al fraccionamiento a plena luz del día. No forzaron cerraduras, ni amenazaron a nadie. Solo entraron y mataron.
El primero en caer fue Isaac Gamboa Lozano, un alto exfuncionario de la Secretaría de Hacienda de Enrique Peña Nieto y colaborador de Luis Videgaray desde hacía más de una década. Le dieron un disparo en la sien en el estacionamiento de la casona de Morelos donde había ido a pasar una semana de descanso con su familia.
Luego, los asesinos siguieron para liquidar de un tiro en la cabeza a Édgar y Ricardo Gamboa, hermanos de Isaac, de 37 y 35 años; también a su hermana mayor, Miriam, de 44 años, y a la madre de la familia, Patricia Lozano, de 60.
Este violento asesinato ocurrido en mayo de 2020 destapó la existencia de una mega red de empresas fantasma que fue utilizada presuntamente para lavar dinero y evadir impuestos a escala internacional por alrededor de 5 mil 800 millones de pesos, y en la que Isaac Gamboa Lozano y su esposa participaron con operaciones de, al menos, tres empresas.
Durante la investigación del multihomicidio, se encendió una alerta por el vínculo del exfuncionadio de Hacienda con la llamada “Operación Zafiro”, un caso por el que se habrían desviado 246 millones de pesos al PRI en las campañas de 2016, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal comenzaron a revisar las finanzas de Gamboa y Bethzabee ‘N’, su esposa, hoy en prisión acusada de ser la autora intelectual del brutal asesinato.
Lo que hallaron en las primeras pesquisas fue que el exfuncionario y su pareja, quien habría fungido como su prestanombres, utilizaron tres empresas fantasma para lavar, al menos, 64 millones de pesos durante el tiempo en que Isaac Gamboa fue funcionario y tras su retiro, en 2019.
Además, habrían utilizado a estas empresas fraudulentas y a presuntos prestanombres para ocultar bienes y riquezas que no concuerdan con el nivel de ingresos declarado por el servidor público y por su viuda, que no trabajaba, como numerosas propiedades; entre ellas, una mansión en Jardines del Pedregal.
Animal Político hizo una revisión de estas tres compañías en el Registro Público de Comercio y documentó que forman parte de una red mucho más grande: están vinculadas por socios, representantes, direcciones y teléfonos con al menos otras 26. Es decir, se trata de una red de 29 razones sociales, entre las que ya hay compañías incluidas en la lista negra del SAT de empresas fantasma, así como empresas con domicilios vacíos o inexistentes, tal y como se documenta en este reportaje.
Tanto la UIF como la Procuraduría Fiscal corroboraron esta red y dieron un paso más en una investigación a la que este medio también tuvo acceso: detectaron que las 29 empresas fraudulentas presuntamente lavaron casi 5 mil 800 millones de pesos, y que hicieron transferencias a cuentas bancarias en Corea del Sur, Hong Kong, China, Estados Unidos y España, entre 2014 y 2020. Es decir, realizaron múltiples operaciones de lavado durante la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto y también en lo que va de la actual administración de López Obrador.
En portales de transparencia y con herramientas de búsqueda de información, Animal Político documentó que una parte de esos casi 5 mil 800 millones de pesos lavados provienen de hasta 88 contratos que la Guardia Nacional, la Policía Federal y el Partido Acción Nacional (PAN) entregaron a por lo menos seis empresas de la mega red fantasma entre 2018 y 2020, operaciones que se detallarán en una entrega más de este reportaje.
Una vez destapado todo lo anterior, la UIF presentó el pasado 8 de junio denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Bethzabee ‘N’, la viuda de Isaac Gamboa, y la red de factureras por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y solicitó el bloqueo de sus cuentas bancarias. La Fiscalía incluyó en su denuncia a otra presunta prestanombres de los Gamboa, identificada como Laura Patricia Aguilar Maya, una mujer que dice dedicarse a la cosmética, pero que sobre el papel aparece como dueña de empresas que lavaron sumas millonarias de dinero en México y el extranjero.
La UIF también dio vista al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, puesto que las compañías de la red fueron beneficiadas con contratos y recursos públicos.
Por su parte, la Procuraduría Fiscal presentó el 14 de abril pasado una querella ante la FGR por defraudación fiscal equiparada contra Bethzabee ‘N’, quien se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de Morelos desde mayo del año pasado en espera del juicio por el asesinato de su esposo y de su familia.
Al término del sexenio priista, Isaac Gamboa salió de la administración pública por la puerta grande y siendo millonario.
Pero no alcanzó a disfrutar las mieles de la riqueza.
Lo asesinaron una calurosa tarde de mayo.
Un hombre que sabía demasiado
En la administración de Enrique Peña Nieto hubo tres secretarios de Hacienda. El primero fue su hombre de confianza, Luis Videgaray, quien, en septiembre de 2016, fue relevado del cargo por José Antonio Meade, que a la postre sería candidato presidencial del PRI. Meade, a su vez, fue reemplazado por José Antonio González Anaya, un año después.
En ese vaivén de secretarios de Estado, Isaac Gamboa Lozano permaneció al frente de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), desde donde tenía el poder de abrir a los estados el chorro de recursos públicos del opaco Ramo 23, que durante el sexenio peñista creció de manera desproporcionada y se gastó discrecionalmente, según denunció la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En este link se puede consultar el análisis elaborado por la ASF y las irregularidades detectadas. También se presenta un estudio de México Evalúa que muestra cómo el Ramo 23 se utilizó durante el peñismo para “premiar” o “castigar” a gobiernos estatales.
Fue precisamente a partir de un convenio para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), autorizado por la firma de Isaac Gamboa que el gobierno del chihuahuense César Duarte, hoy preso en Estados Unidos por peculado y asociación delictuosa, desvió 246 millones de pesos al PRI en las campañas electorales de 2016, en el caso conocido como “Operación Zafiro” y que fue dado a conocer por Reforma. El titular de la Secretaría de Hacienda en la época de la malversación de fondos era Luis Videgaray.
“Gamboa tenía mucha información y mucho conocimiento de quiénes habían actuado en la ‘Operación Zafiro’. Información que, por el esquema, los montos y las entidades federativas involucradas, indudablemente habría apuntado a niveles mucho más altos (en la investigación)”, asegura en entrevista con Animal Político César Augusto Peniche, fiscal general de Chihuahua.
El funcionario estatal sostiene que Gamboa era uno de los orquestadores principales de ese desvío millonario. Así también lo declararon a la Fiscalía testigos colaboradores imputados por este caso, entre ellos Jaime Herrera Corral, el exsecretario de Hacienda de César Duarte.
En su declaración, a la que este medio tuvo acceso, Herrera señaló que Gamboa redactó de su puño y letra el convenio del Fortafin con Chihuahua —que quedó signado con fecha del 15 de enero de 2016— y además ofreció ayuda para evitar que las transferencias desde la Hacienda federal hacia el PRI, que se hicieron a través de empresas fantasma, fueran detectadas por la ASF.
Pero Isaac Gamboa nunca llegó a ser imputado por corrupción.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo en entrevista con Animal Político que desde el gobierno de Peña Nieto se hizo todo lo posible por frenar la investigación en contra del jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda. Tanto que, según el mandatario, funcionarios federales condicionaron la entrega de recursos públicos para Chihuahua en enero de 2018 a cambio de no tocarlo. Incluso, la administración peñista acudió a la Suprema Corte para ampararse en contra de cualquier investigación en los estados en contra de su gabinete, incluyendo a Gamboa.
La riqueza oculta del funcionario de Hacienda
Siendo titular de la UPCP de la Secretaría de Hacienda, Isaac Gamboa cobraba alrededor de 139 mil pesos mensuales netos, 1.6 millones de pesos al año.
Oficialmente, no era rico, y llevaba una vida modesta en un departamento de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México. Pero Gamboa murió siendo dueño de una fortuna oculta.
La riqueza del exfuncionario era un secreto bien guardado entre su familia, según se desprende de las declaraciones ministeriales de los parientes que atestiguaron la masacre en Temixco, asentadas en la carpeta de investigación FEDF-RM/30/2020 de la Fiscalía de Morelos, a la que Animal Político tuvo acceso.
La esposa de Gamboa, Bethzabee ‘N’, de 39 años, con quien tenía dos hijos de 2 y 4 años, declaró ser “ama de casa” y vivir con él en su apartamento en la Ciudad de México.
Según los declarantes, la hermana mayor de Isaac Gamboa, Miriam, de 44, estudió hasta la preparatoria y trabajaba como nutrióloga naturista.
El hermano menor, Ricardo, de 35, tenía estudios de secundaria y atendía un negocio de hamburguesas en Pachuca, y los fines de semana cuidaba los pollos y caballos de una familia en esa ciudad.
El otro hermano, Édgar David, de 37, fue un funcionario federal de medio nivel entre 2013 y 2018 —en el SAT, la Secretaría del Trabajo y Gobernación— y también decía ser empresario.
Con información de: animalpolitico.com
