SEV «roba dinero» a la Normal Veracruzana

SEV "roba dinero" a la Normal Veracruzana

La Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) «Enrique C. Rébsamen» solicitó al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) la devolución inmediata del control administrativo y financiero de sus recursos, después de que el pasado 28 de agosto estos fueran transferidos a otra entidad bancaria sin previo aviso.

En un comunicado público, la institución calificó esta acción como “un abuso” contra la autonomía financiera que ha mantenido durante más de 30 años. Según el pronunciamiento, firmado por el director Gerardo Gómez Salas y la Comisión en Defensa por la Autonomía Financiera, la restricción del acceso a las cuentas ha paralizado el funcionamiento diario de la Normal, afectando áreas clave como la docencia, investigación, difusión, extensión y el mantenimiento de sus instalaciones.

“La vulneración a nuestros derechos financieros nos mantiene en una situación de incertidumbre y ha interrumpido nuestras actividades cotidianas, lo que genera una sensación de inseguridad y despojo para los estudiantes”, subrayó la BENV.

La institución también recordó que desde 1999 no ha recibido aportaciones directas del gobierno estatal, por lo que su funcionamiento ha dependido de fondos federales concursados y de ingresos generados por actividades académicas y de extensión. Sin embargo, estos recursos no son suficientes para cubrir todas sus necesidades.

La situación de la BENV ha surgido en el marco de una decisión tomada por la administración de Claudia Tello, secretaria de Educación de Veracruz, quien fue la responsable de atraer las cuentas de la institución a la SEV. Esta medida, que se implementó sin previo aviso, ha generado un grave conflicto, ya que la escuela ha perdido el control directo de sus recursos financieros, lo que afecta su operatividad.

El papel de José de Jesús Guevara Rivera, titular de la Dirección General de Educación Universitaria de Veracruz de la SEV, en este proceso ha levantado serias interrogantes. Muchos se cuestionan si su intervención fue realmente en beneficio de la transparencia administrativa o si, por el contrario, se trató de una maniobra para consolidar el control centralizado del gobierno estatal sobre instituciones educativas que históricamente han mantenido su autonomía financiera.