El tribunal supremo acusó por rebelión y malversación de caudales públicos al líder independentista; viajó por carretera a Marsella y luego tomó avión a Bruselas.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont evitó su salida de España por el aeropuerto del Prat, controlado por la Guardia Civil desde que se reforzó la alerta antiterrorista, y viajó a Bruselas acompañado de varios de los que fueron miembros de su gabinete, después de un desplazamiento por carretera a Marsella (Francia).
Según informaron a La Razón fuentes conocedoras del asunto, el expresidente trató de evitar un eventual control por parte de la Benemérita pese a que ayer no existían contra él medidas cautelares que le impidieran viajar al extranjero. Tal vez temía que los agentes, al verlo en el aeropuerto, y ser de conocimiento público que el Fiscal General del Estado iba a abrir una investigación en contra de él y sus consellers por los delitos de sedición y rebelión, hubieran realizado alguna consulta al respecto a las autoridades judiciales.
Lo cierto, es que Puigdemont y y los miembros de su Ejecutivo Meritxell Borràs (Gobernación), Antoni Comín (Salud), Joaquim Forn (Interior), Dolors Bassa (Trabajo y Asuntos Sociales) y Meritxell Serret (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación) viajaron por carretera a Marsella desde Barcelona y Gerona, donde se encontraba Puigdemont. En el aeropuerto, tomaron avión con destino a Bruselas.
Distintas fuentes consultadas por este periódico no se ponían de acuerdo sobre las intenciones, que probablemente se conozcan hoy, de Puigdemont y acompañantes. Mientras que algunos expertos hablaban abiertamente de “huida de la Justicia, como un vulgar Roldán (en referencia al exdirector general de la Guardia Civil)”, otros se mostraban más cautos y creían que el viaje respondía a la intención de “teatralizar e internacionalizar el conflicto”, como suelen las organizaciones del entorno político de ETA.
El que sí parecía tenerlo claro era el cantautor y hasta ahora diputado de Junts pel Sí (JxSí), Lluís Llach, que daba por hecho que Puigdemont y acompañantes se exiliarán en Bélgica.
Otras fuentes subrayaban que en la querella presentada por la Fiscalía se requería a Puigdemont y demás investigados una fi anza solidaria de seis millones en concepto de responsabilidad civil e se instaba a la citación “urgente” de los veinte acusados y, en caso de incomparecencia, su “inmediata detención”.
El repentino viaje del expresidente de la Generalitat a Bruselas generó ayer máxima expectación en la capital belga, pero también mucha incertidumbre sobre su paradero concreto en la ciudad. Gran parte del interés venía dado por una posible relación del viaje con las palabras del secretario de Estado belga para la Inmigración, Theo Francken, miembro de del partido independentista flamenco N-VA, después de que este sugiriese un día antes que Puigdemont tiene la opción de solicitar asilo político en Bélgica.
Generalitat busca consejo de etarras
El abogado belga Paul Bekaert confirmó ayer que fue nombrado “consejero” por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, según publica el diario L’Echo y difunde la cadena pública flamenca de televisión VRT.
Según Bekaert, el asilo del expresidente “aún no se ha discutido” e insiste en que “Puigdemont no está en Bélgica para pedir asilo político. Todavía no hay nada decidido”.
Tras indicar que fue consultado por el expresidente catalán, quien le pidió que defienda sus intereses “en el futuro”, Bekaert señaló que fue “un primer contacto, pero no puedo decir más al respecto”.
“Tengo más de 30 años de experiencia en extradición y asilo político de vascos españoles, y probablemente por ello me haya llamado Puigdemont”, agregó el jurista.
