Tuxpan, Ver.- En el paquete de 52 denuncias penales que presentó la Auditoria Superior de la Federación contra Javier Duarte de Ochoa, aparecen en forma reiterativa los nombres de Alberto Silva Ramos, Humberto Benitez Pérez y Carlos Rodríguez García. Tras la captura de Duarte, todas las baterías de la PGR están orientadas hacia el Cisne Silva y su papel activo en la operación ilícita de empresas fantasmas y el saqueó de recursos públicos a través de pagos a particulares y empresas de comunicación.
No es un secreto que Alberto Silva era el principal asesor y confidente de Javier Duarte de Ochoa. Lo que más sorprende es que muchas de las operaciones ilegales que se realizaron durante el Gobierno de Duarte, para desviar recursos, ya se habían aplicado en el municipio de Tuxpan, cuando Silva fue Alcalde. El resultado fue el mismo: endeudamiento, quiebra financiera y desaparición de cientos de millones de pesos.
Tan solo en Tuxpan, Beto Silva dejó adeudos con el Banco Interacciones por 220 millones de pesos y una cantidad cercana a los 300 millones de pesos en deudas a empresas, constructoras y dependencias federales, entre ellas el IMSS. En 3 años, el consentido de Duarte hipotecó a Tuxpan hasta el año 2028.
Detrás de Alberto Silva se encontraba su asesor financiero Humberto Benitez Pérez, quien antes de laborar con el Cisne se encargaba del trabajo sucio de Mauricio Audirac, cuando éste era titular del Orfis. Si algún Alcalde estaba chueco en sus cuentas, Benitez se encargaba de sanearlo, previo acuerdo con Mauricio Audirac, hoy preso en el Penal de Pacho Viejo.
Humberto Benitez, fue Tesorero de Alberto Silva en el Ayuntamiento de Tuxpan y después se lo llevó a Sedesol, donde le asignó el puesto de Jefe de la Unidad Administrativa. Fue precisamente cuando ambos funcionarios estuvieron en Sedesol Estatal, cuando se firmaron 45 contratos por 243 millones de pesos, a empresas fantasmas, usando licitaciones simplificadas amañadas.
En la firma de estos contratos también participó Carlos Rodríguez García, Director Jurídico de la Sedesol, quien antes había sido asesor jurídico del Ayuntamiento de Tuxpan, cuando el Cisne fue Alcalde. Este personaje es hijo del dueño del periódico El Centinela, medio que recibía toda clase de privilegios económicos en el gobierno de Duarte.
La detención de Humberto Benitez Pérez, por parte de la PGR, será clave para esclarecer el verdadero alcance del negocio de las empresas fantasmas y también el desvió de recursos que se perpetró en Comunicación Social del Gobierno de Veracruz, cuando Silva fue Coordinador, pues, para no perder la costumbre, Benitez Pérez fue Jefe de la Unidad Administrativa.
En las 26 auditorías que realizó el SAT en torno a las empresas fantasmas, aparecieron 59 presuntos “socios”, 25 notarios, 10 altos funcionarios de 4 dependencias, entre ellas Sedesol de Silva Ramos y unas 34 personas más involucradas. Obviamente, en la lista están Humberto Benitez y Carlos Rodríguez.
Alberto Silva goza del fuero constitucional como Diputado Federal, pero, Humberto Benitez Pérez decidió no correr riesgos y simplemente desapareció. Es claro, que es un personaje clave en la relación Silva-Duarte y será uno de los más buscados una vez que “Javidu” regrese al país y enfrente los cargos penales.
Si la PGR agiliza la extradición de Duarte y acelera la integración de las carpetas de investigación, en este mismo año se estaría solicitando el desafuero de Alberto Silva y otros diputados federales veracruzanos relacionados con el caso Duarte.
