Ciudad de México.- La ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México hicieron un llamado al Estado mexicano a garantizar el esclarecimiento del caso de Lydia Cacho, la periodista agredida y torturada tras exhibir hace más de 15 años una red de pederastia en la que estaba involucrados empresarios y funcionarios.
A través de un comunicado, los entes de la ONU indicaron que la investigación debe incorporar plenamente la perspectiva de género y tender a determinar no sólo los autores materiales de los hechos sino también los autores intelectuales para evitar que permanezcan en la impunidad.
La atención efectiva de las situaciones de graves violaciones de derechos humanos en México, afirmaron, necesita el compromiso de todas las autoridades, incluidas las judiciales.
La confianza que las víctimas de las violaciones de derechos humanos y de los abusos de poder, así como la sociedad en su conjunto, depositan en las operadoras y los operadores judiciales, les requiere asumir su tarea con responsabilidad, compromiso y sensibilidad para hacer efectivos los derechos humanos.
Ante la información hecha pública el pasado 26 de julio relativa a una resolución judicial en el proceso seguido en contra de uno de los presuntos responsables de los delitos y violaciones a los derechos humanos que sufrió Lydia Cacho, ONU Mujeres y la ONU-DH recordaron la obligación de todas las instituciones del Estado mexicano de dar cumplimiento al Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso.
En dicho Dictamen, el Comité de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano había violado el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación, en relación con la protección contra la tortura, la protección de la libertad y seguridad personales y el respeto a la libertad de expresión.
Entre otros aspectos, el Comité señaló que “los tratos a los que se sujetó a la autora tuvieron un objetivo discriminatorio por razón del sexo, a la luz de la naturaleza de los comentarios sexuales vertidos y del trato sexualizado y violencia de género infligida”.
Asimismo, “el Comité considera que, en las circunstancias descritas, y a la luz de las declaraciones públicas vertidas por el empresario en cuestión y por altas autoridades ejecutivas y judiciales del estado de Puebla, no desmentidas por el Estado parte, y por los motivos establecidos en el párrafo 10.8 supra, la detención de la autora no fue una medida necesaria ni proporcional, sino más bien una medida de carácter punitivo y, en consecuencia, arbitraria, en violación del artículo 9 del Pacto”.
La impunidad en el caso de Lydia Cacho no solo afecta a la periodista y a sus familiares y favorece la repetición de los delitos y las violaciones a derechos humanos e impacta negativamente a todas las mujeres en México que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.
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