Sin dinero disponible en sus cajas, al menos diez ayuntamientos veracruzanos solicitan, sin éxito, la intervención del Poder Legislativo para acceder a recursos extraordinarios y cumplir con el pago de laudos a empleados despedidos.
A pesar de dicha petición desesperada de auxilio, cada día tanto el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado como el Consejo de la Judicatura Federal resuelven por lo menos diez sentencias a favor de demandantes en contra de administraciones municipales.
Así, cada mes en el Poder Judicial se acumulan fallos por conflictos surgidos, incluso, desde diez años atrás.
De hecho por medio de la Gaceta Oficial del Estado, el Congreso se declara sin facultades para autorizar una partida extraordinaria a los ayuntamientos de Huiloapan de Cuauhtémoc, Juchique de Ferrer, Martínez de la Torre, Actopan, Boca del Río, Cosautlán de Carvajal, Carlos A. Carrillo y Acayucan.
De hecho en este último caso y ante la imposibilidad de cumplir con dinero la sentencia del expediente 456/2009, el municipio empezó a ofrecer en garantía un predio municipal de siete hectáreas en el ejido El Hato.
En cuanto a los demás, el Legislativo les exhorta a que ellos mismos sean los que realizan los ajustes administrativos necesarios para realizar el cumplimiento de las obligaciones.
“Deberá ser el propio ayuntamiento, a través de sus áreas administrativas, el que realice las acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia recaída sobre el expediente laboral del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial”, expresa el oficio aprobado como punto de acuerdo en la Legislatura.
Sin embargo, en listas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, cada día la autoridad judicial falla en contra de ayuntamientos afectados por juicios iniciados desde alcaldías del pasado.
Es el caso de los municipios de Papantla, Banderilla, Tepetzintla, Xico, Atoyac, Martínez de la Torre, Moloacán, Cerro Azul, Coatzacoalcos, Acatlán, Coatzintla, Minatitlán, Coatepec, Veracruz, Juan Rodríguez Clara, La Antigua, Cuichapa, Naolinco e Ixtaczoquitlán.
Caso inédito guarda el municipio de Ixhuatlán del Sureste, en donde el Tribunal de Conciliación y Arbitraje apenas resolvió una demanda presentada desde 2008 por despido injustificado.
Como consta en el expediente 494/2008-II, el Tribunal determinó que el ayuntamiento pague dos millones 410 mil 960 pesos a 14 trabajadores de la citada alcaldía, consistentes en salarios caídos, sueldos y primas vacacionales.
Sin embargo, el presupuesto de Ixhuatlán resulta insuficiente para cumplir tal obligación, dado que por parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) recibirá apenas 10 millones 654 mil pesos. Es decir, dicho cumplimiento absorberá el 20 por ciento del presupuesto.
Cabe destacar que cada municipio puede pagar laudos y requerimientos labores por medio del Fortamun; aunque el utilizar dicho recurso disminuye la capacidad de la alcaldía para la ejecución de obras públicas.
De hecho, en su último informe, la Magistrada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA), Concepción Flores Saviaga, había calculado en cerca de 1,500 los trabajadores que han procedido con demandas laborales contra ayuntamientos, gobierno del estado y organismos no descentralizados.
