Poza Rica, Ver.- Con la complacencia de autoridades, pseudo líderes siguen enriqueciéndose con la necesidad de la gente a través de la industria de la invasión, lo que ha generado graves conflictos y conatos de violencia entre quienes pelean por la posesión de los predios que son revendidos en varias ocasiones.
En Poza Rica existe el antecedente de varios casos de este tipo en sectores como La Barita, Libertad y asentamientos como Oro Negro y el conocido como 27 de Enero, donde en esta semana se suscitó un conato de violencia donde resultaron agredidos dos de los supuestos dirigentes de ese lugar.
Lo mismo ocurre en predios ubicados en Papantla y Tihuatlán, donde autoridades estatales y municipales no han intervenido para poner freno a esta “industria” que genera miles de pesos a quienes se dedican a crear los asentamientos de manera irregular, además de intereses políticos en procesos electorales.
En Poza Rica desde gobiernos anteriores, autoridades municipales participaron en el fomento de las invasiones, ya que alcaldes y funcionarios de Catastro y Asentamientos Humanos se hicieron propietarios de diversos predios en desuso y otros tantos fueron tomados por grupos para invadirlos.
Tan solo en Poza Rica se tienen detectados poco más de 35 asentamientos irregulares, de los cuales una parte son de Pemex, otros del Gobierno del Estado y otros tantos de particulares. Algunos predios no tienen posibilidad de ser escriturados debido a que se encuentran en zonas de alto riesgo.
Ejemplo de lo anterior la colonia La Barita vieja que tiene 50 años de haberse creado, pero las autoridades de Patrimonio del Estado no han podido regularizar un solo terreno por estar sobre instalaciones de Petróleos Mexicanos.
Mientras que en ese mismo sector se encuentra la invasión conocida como La Barita nueva, donde un promedio de 75 familias se encuentra disputando los predios registrándose en su momento conatos de violencia entre los líderes.
De las invasiones más recientes en Poza Rica se encuentran predios como el 27 de Enero por el pseudo dirigente Marcelino González de la Cruz y Miguel Ángel González, en enero del 2017, donde 263 familias ocupan un espacio aproximado de 6 hectáreas de un predio en desuso y que al parecer es de un particular.
Otra de las invasiones muy evidentes fue la de la Parcela 59 ubicada frente a las instalaciones del Hospital del ISSSTE, donde aproximadamente 500 familias se apoderaron de casi 40 hectáreas y hasta el momento siguen sin regularizar.
La mayoría de estas invasiones se han convertido en un “botín” político y económico para los dirigentes y líderes, quienes cobran desde una faena, hasta los supuestos trámites y apoyos para funcionarios que supuestamente les ayudan para regularizar sus predios.
Muchos de estos líderes y dirigentes se han enriquecido a costa de la necesidad de la gente, mientras que políticos han alentado las mismas con la finalidad de atraer votos en tiempos electorales. Mientras que autoridades de Patrimonio del Estado y de Catastro municipal se han prestado a ciertas componendas, ya que finalmente la industria de la invasión sigue siendo una de las más redituables en el municipio
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