Juez de control ilegalmente niega derecho a ejercer su voto a Rogelio Franco Castán. Bajo un argumento subjetivo y personal, sostiene que después de realizar una interpretación de la fracción II del artículo 38 constitucional, no es procedente permitirle que ejerza su derecho, cuando sobre el particular existen criterios jurisprudenciales que han definido que el derecho al voto se suspende hasta que exista una sentencia condenatoria.
Argumenta además que contraviene de forma flagrante el principio de presunción de inocencia y que hace evidente la consigna hacia Rogelio Franco, quien se encuentra bajo resguardo domiciliario, ni siquiera bajo prisión preventiva.
El ex Secretario de Gobierno Rogelio Franco, informó este sábado que el Gobierno del Estado ha negado el derecho a votar a aproximadamente 5 mil personas que se encuentran privadas de su libertad y que no cuentan con sentencia.
Esta denuncia, surgida en vísperas de un proceso electoral clave, arroja luz sobre una situación que plantea interrogantes sobre la protección de los derechos democráticos de los ciudadanos en el estado.
Franco expresó su preocupación por esta medida restrictiva, enfatizando que el derecho al voto es fundamental en cualquier sociedad democrática y que negarlo a personas sin sentencia constituye una violación de sus derechos fundamentales.
El ex Secretario de Gobierno llamó la atención sobre la importancia de garantizar la participación electoral de todos los ciudadanos, independientemente de su situación legal. Instó a las autoridades a revisar esta política y a tomar medidas para asegurar que se respeten los derechos civiles y políticos de todos los habitantes del estado.
Esta revelación plantea preguntas sobre la transparencia y la equidad del proceso electoral, así como sobre el compromiso del Gobierno del Estado con los principios democráticos y el Estado de derecho.
Se espera que estas preocupaciones sean abordadas por las autoridades pertinentes y que se tomen medidas para corregir cualquier irregularidad que pueda haber ocurrido en el proceso electoral.
Por el momento, esta denuncia ha generado un debate público sobre los derechos electorales de las personas privadas de su libertad en Veracruz, y se espera que continúe siendo un tema de discusión en los días previos a las elecciones.
