Con su camioneta, un vecino ingresó a una calle sin que el pavimento hubiera fraguado; tras el incidente, se le aplicó una sanción y ahora acusa privación de la libertad.
Hipólito Moreno Tapia
Tihuatlán, Ver. – Un grupo de seis habitantes de la comunidad indígena de Pueblo Viejo, del vecino municipio de Castillo de Teayo, compareció este martes ante la Fiscalía Regional de Tihuatlán tras ser denunciados por presunta privación ilegal de la libertad en agravio de un vecino, a raíz de un conflicto ocurrido durante junio relacionado con una calle recién pavimentada.
Entre los señalados se encuentra el subagente municipal Alfredo Bautista Hernández, quien explicó que el pasado 15 de junio el ciudadano Matías Téllez Gómez ingresó con su camioneta a una calle recientemente pavimentada que aún no había fraguado. Esta vía conduce al cementerio y había sido construida con recursos gestionados por el Ayuntamiento. El paso del vehículo habría ocasionado daños al concreto fresco.
Alertados por lo ocurrido, un grupo de entre 35 y 40 vecinos acudió al lugar con el subagente para dialogar con el conductor. Ahí se le informó que, conforme a los usos y costumbres del pueblo, debía cubrir un correctivo económico que oscilaría entre los cinco y diez mil pesos. El ciudadano aceptó pagar cinco mil.
Asimismo, Matías Téllez solicitó esperar la llegada de su abogada y, durante ese tiempo, los vecinos permanecieron a distancia de su camioneta. Sin embargo, tras su arribo, la abogada optó por interponer una denuncia ante la Fiscalía, señalando que su cliente fue privado de la libertad.
Como resultado, fueron llamados a comparecer Alfredo Bautista, Juan del Ángel Bautista, Robertina González Badillo, Blanca Jazmín de la Cruz González, Sergio Solís Islas y Florencio de la Cruz Albino.
Los implicados acudieron a la Fiscalía este martes, donde entregaron sus datos y se acordó que rendirán su declaración por escrito en los próximos días. En apoyo, cerca de 50 vecinos de Pueblo Viejo se trasladaron desde temprana hora a la Fiscalía Regional para acompañarlos y manifestar públicamente su respaldo a su autoridad ejidal y a los otros 5 acusados.
Los pobladores insistieron en que la denuncia es injusta, pues el día de los hechos participaron muchas más personas y en ningún momento hubo privación de la libertad. El subagente pidió que se investigue con apego a los hechos y que se escuche a la comunidad antes de emitir un juicio.
Por otro lado, el contratista responsable de la obra indicó al comité que se realizará un peritaje técnico para valorar las afectaciones al pavimento y determinar si es necesaria alguna reparación.
