XALAPA, VER.- La posible liberación anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha provocado reacciones divididas entre los veracruzanos. Mientras los colectivos de familiares de personas desaparecidas consideraron la medida como “una burla”, el sector político y las autoridades estatales han optado por el silencio.
De acuerdo con un reportaje de AVC, la jueza de ejecución de sanciones del Reclusorio Norte, Ángela Zamorano Herrera, accedió a la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para aplazar la audiencia de Duarte al 19 de noviembre, fecha en la que se resolverá si procede o no su libertad anticipada.
Cuestionada sobre el caso, la gobernadora Rocío Nahle García se limitó a señalar que se trata de un asunto federal, ajeno a la competencia estatal. “Eso le corresponde al Poder Judicial y hasta donde sé, está en manos de la federación; allá lo van a resolver”, expresó brevemente.
El diputado local Fernando Yunes Márquez indicó que corresponde a las fiscalías federal y estatal determinar si Duarte enfrenta otras causas penales. “Son ellos quienes deben explicar si hay otras investigaciones y si se apelará o no la liberación anticipada”, comentó.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Elena Córdova Molina, afirmó que el caso es de carácter jurisdiccional y no compete al Congreso local. “Dependerá de la autoridad juzgadora si procede o no; la ley contempla beneficios como la liberación anticipada. Independientemente del resultado, el pueblo será el mejor juzgador; tiene memoria suficiente para sacar sus conclusiones”, señaló.
En contraste, los colectivos de búsqueda lamentaron que mientras miles de familias siguen buscando justicia, las instituciones permitan beneficios a quienes dañaron gravemente al estado.
