Poza Rica, una ciudad golpeada por la tragedia natural del pasado 10 de octubre, hoy enfrenta una segunda ola de crisis, igual de peligrosa, pero mucho más indignante, es decir, la del abandono institucional.
A casi dos semanas del desastre, la mala planeación y la pésima organización por parte del gobierno estatal han dejado una estela de basura, desesperación y confrontación social que crece con cada día de inacción.
Los espacios públicos —aquellos que deberían servir de refugio, de respiro y de contención— se han convertido en enormes basureros a cielo abierto, verdaderos focos de infección que amenazan incluso a quienes no fueron afectados directamente por la inundación. La acumulación de desechos no solo es un tema de imagen urbana; es una bomba sanitaria que, sumada a la escasez de agua, hace aún más compleja la ya frágil situación.
Mientras tanto, el gobierno estatal permanece rebasado, inmóvil o simplemente ausente. Los reclamos ciudadanos ya no son solo voces aisladas, son protestas, manifestaciones y enfrentamientos. En los sectores más afectados, la población ha optado por tirar los desechos en calles céntricas del municipio ante la lentitud de las autoridades para actuar.
Y esa desesperación ha comenzado a fracturar el tejido social, generando conflictos entre vecinos, entre quienes exigen una solución y quienes simplemente buscan sobrevivir en condiciones mínimas de salubridad.
Aquí no se trata solo de la fuerza de la naturaleza. Se trata de la debilidad del Estado ante la emergencia, de la falta de previsión, de la improvisación como regla y de la negligencia disfrazada de incapacidad.
Cada día que pasa sin respuesta, sin limpieza, sin agua, es una afrenta más a los ciudadanos. Y aunque desde el discurso oficial se pretende minimizar la magnitud del desastre, la realidad en las calles de Poza Rica es otra, es decir, una ciudad colapsada por la basura, la falta de agua y el abandono gubernamental. El costo de la ineficiencia ya no es solo político. Es humano.
