La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) presentó una nueva denuncia penal contra Jorge Ángel «N», quien fungiera como subdirector de Titulación de esta institución, perteneciente al Gobierno del Estado de Veracruz. La Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación XAL/DXI/F12, en la cual se le acusa de haber autorizado, emitido y entregado documentos apócrifos, como certificados de estudios de nivel licenciatura, actas de exención de exámenes profesionales y títulos universitarios.
De acuerdo con la denuncia, interpuesta por el actual director de la UPAV, Sergio Torres Mejía, se tiene evidencia de que Jorge Ángel «N» firmó documentos a sabiendas de que carecían de validez. Según se explica, simuló que los alumnos habían cumplido con requisitos académicos como el servicio social, induciendo así al error al entonces rector, quien también firmó sin conocimiento de la falsedad, ya que no existía expediente alguno que respaldara los supuestos estudios del beneficiario.
Este nuevo caso se suma a los escándalos publicados por el medio Al Calor Político en 2017, donde se revelaron las carpetas UAT/DXI/C.I/3081/2016 y UAT/SXI/C.I/3080/2016. En esas investigaciones se denunciaba la falsificación de más de 300 certificados de licenciatura, el uso de documentación falsa, abuso de autoridad, y la venta en redes sociales de títulos y certificados oficiales de la UPAV.
Las autoridades identifican a Jorge Ángel «N» como uno de los principales responsables, pero también lo vinculan con otros exfuncionarios, como el exdirector de la UPAV, Ome Tochtli «N», y el exsubsecretario de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel «N», quienes habrían actuado con pleno conocimiento de estas irregularidades. Fuentes señalan que actualmente el subsecretario David Agustín «N» estaría intentando reactivar esta red de corrupción.
La nueva denuncia, presentada el 19 de septiembre de 2025 a las 15:00 horas ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia de la Fiscalía estatal, se da en un contexto en el que diversas personas que obtuvieron títulos falsificados están recurriendo al juicio de amparo para hacerlos válidos. Tal es el caso de Ana Silvia “N”, quien promovió el juicio de amparo 807/2025-VII ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, exigiendo el reconocimiento de su título como Licenciada en Trabajo Social.
La mujer argumenta que obtuvo un acta de exención de examen profesional aprobada por unanimidad y que rindió protesta de excelencia académica, respaldada por la firma de Jorge Ángel «N», entonces subdirector de Titulación.
Según consta en la denuncia, el 10 de marzo de 2025, Ana Silvia “N” presentó un amparo indirecto con número de expediente 331/2025, en contra de la Dirección General de Profesiones de la SEP, por omitir el registro de su título profesional. Argumentó no tener información sobre el estado de su trámite.
La respuesta de la UPAV a las autoridades federales fue contundente: tras una búsqueda exhaustiva en sus bases de datos y departamentos correspondientes, concluyó que Ana Silvia “N” no aparece registrada como estudiante ni exalumna de la institución.
Tras analizar el caso, se determinó que los documentos presentados eran falsos. La cronología de emisión de los documentos tampoco coincide con la normatividad. Por ejemplo, los certificados de estudios fueron expedidos un año después de que se emitiera el título, lo cual es contrario al Reglamento General de Titulación de la UPAV, vigente desde el 17 de julio de 2014.
Asimismo, se detectó que las actas de exención de exámenes profesionales se emitieron el mismo día que los títulos, lo cual va en contra del procedimiento legal establecido. Según el reglamento, el estudiante debe primero contar con el certificado completo de estudios y realizar el trámite ante la Subdirección de Titulación, antes de obtener un título.
En la foja 8 del expediente legal se detalla que el proceso fue completamente irregular: “El aprendiente debía contar con un expediente completo, incluyendo matrícula y historial académico, lo cual fue omitido por la Subdirección de Titulación, a cargo de Jorge Ángel ‘N’, responsable de validar la documentación”.
La Universidad sostiene que esta situación ha perjudicado seriamente su reputación, ya que ahora debe enfrentar demandas de personas que obtuvieron títulos de manera ilegal y buscan su reconocimiento por la vía judicial.
La denuncia enfatiza que Jorge Ángel “N” era el funcionario público encargado de asegurar que los títulos se emitieran conforme a los requisitos académicos y administrativos, lo cual no cumplió.
UPAV insiste en que está actuando legalmente contra la validez de estos documentos falsos, como en el caso de Ana Silvia “N”, quien pretende validar unos estudios que nunca cursó. La institución responsabiliza directamente a exfuncionarios corruptos que, abusando de su cargo, autorizaron la emisión de documentos oficiales sin sustento académico, generando un grave daño institucional.
UPAV también enfrenta esquemas de lucro educativo con centros escolares particulares
Además de los documentos falsos, la UPAV denuncia otra línea de corrupción relacionada con el uso indebido de centros escolares por parte de exfuncionarios estatales, quienes habrían lucrado con la educación.
Durante la gestión del exdirector Ome Tochtli “N”, y en alianza con el entonces subsecretario Jorge Miguel “N”, se habrían utilizado diversas instituciones privadas con fines de enriquecimiento ilícito.
Entre las instituciones señaladas en documentos oficiales se encuentran:
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Escuela Particular “Educación Siglo XXI A.C.”
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Instituto WilliamsKeembol
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Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica
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Consejo Académico de Docencia e Investigación Transversal (CADIT)
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Fundación Bonpland y Humboldt
Estas instituciones habrían sido parte de un esquema para validar de manera irregular estudios, emitir documentación oficial sin aval legal y obtener ganancias millonarias a costa de la legalidad educativa y del prestigio de la UPAV.
