Ciudad de México – En una sesión clave que marcó un giro significativo en la política mexicana, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general la propuesta de eliminar siete órganos autónomos, entre los cuales se incluyen el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y diversos organismos de transparencia.
Con 22 votos a favor provenientes de los legisladores de Morena y sus aliados, la medida avanzó en el proceso legislativo, generando un amplio debate sobre las implicaciones de esta decisión para la gobernanza y la transparencia en México.
Los órganos que se verían afectados por esta reforma incluyen:
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece): Encargada de promover la competencia y prevenir prácticas monopólicas.
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): Regula y supervisa el sector de telecomunicaciones y radiodifusión.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): Evalúa la política de desarrollo social y mide la pobreza en el país.
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH): Regula la exploración y extracción de hidrocarburos.
- Comisión Reguladora de Energía (CRE): Supervisa el sector energético, incluyendo electricidad y gas.
- Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación: Encargado de evaluar y mejorar la calidad educativa en México.
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): Garantiza el derecho de acceso a la información pública y protege los datos personales.
Además, se contempla la eliminación de los órganos autónomos en los estados que desempeñan funciones similares de transparencia.
La aprobación de esta medida ha suscitado una serie de reacciones entre los diferentes sectores de la sociedad. Los partidarios de la reforma argumentan que la eliminación de estos órganos permitirá una mayor eficiencia administrativa y reducirá los costos asociados a su funcionamiento. Por otro lado, críticos de la medida sostienen que esta reestructuración podría debilitar los mecanismos de control y vigilancia que estos organismos proporcionan, afectando la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno.
El siguiente paso en el proceso legislativo será la discusión y posible aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados. Esta reforma podría tener un impacto significativo en la manera en que se regulan y supervisan diversos sectores en México, lo que ha generado un intenso debate tanto en el ámbito político como en la opinión pública.
