En Poza Rica todos lo saben, aunque pocos lo dicen abiertamente, y es que la mitad del presupuesto anual del municipio, de unos 700 millones de pesos, se consume en el pago de nómina. Hablamos de aproximadamente 350 millones de pesos destinados cada año a sostener a una estructura burocrática que no deja de crecer la gestión municipal.
La misma está integrada por trabajadores sindicalizados, personal de confianza y funcionarios que, en muchos casos, cobran sin trabajar ni aportar realmente algo positivo al desarrollo y buen funcionamiento del gobierno.
Esto no es nuevo, pues cada administración que concluye deja como “herencia” una plantilla inflada, donde no solo aumentan los cargos de confianza, sino también las bases sindicales.
Para dimensionar el problema, le diré que en Poza Rica ya se cuenta con cuatro sindicatos municipales, cuyos líderes han convertido la basificación en moneda de cambio político, beneficiando —según reclamos constantes de empleados y ciudadanos— a hijos, compadres, amigos y hasta las parejas sentimentales de los funcionarios que van de salida.
Y como era de esperarse, ya circula una lista de nuevos basificados que entrarán en vigor en enero de 2026, producto de acuerdos y favores otorgados en los últimos meses de esta administración.
El problema ya no es solo moral ni administrativo, es financiero. Mantener un aparato así consume más del 50 por ciento del presupuesto municipal, dejando sin recursos suficientes a áreas urgentes como servicios públicos, infraestructura y obra social, que son las que realmente impactan en la calidad de vida de la población.
La presidenta municipal electa, Adanely Rodríguez, tendrá en esto una de sus primeras y más importantes pruebas. Será necesario revisar con lupa las nuevas basificaciones, auditar los procesos y, si corresponde, revocar aquellas que no cumplan con los requisitos legales o se hayan otorgado de manera irregular.
No es un asunto de revancha política —aunque se sabe que algunos dirigentes sindicales no la respaldaron en campaña y se inclinaron por el candidato de Movimiento Ciudadano, Emilio Olvera—, sino una cuestión de responsabilidad pública. Poza Rica no puede seguir destinando la mayor parte de su presupuesto a sostener una nómina insostenible.
Si no se actúa, la ciudad seguirá atrapada en un círculo vicioso, es decir, de gobiernos que administran para pagar sueldos, no para resolver problemas. Y al final, quienes pagan esa factura no son los sindicatos ni los funcionarios, sino los ciudadanos, quienes enfrentan calles deterioradas, servicios insuficientes y falta de obra pública.
La próxima administración tiene la oportunidad y la obligación de comenzar a corregir este rumbo. Será ahí donde realmente se sabrá si existe voluntad de gobernar para la gente o si Poza Rica continuará atrapada en una burocracia que la asfixia desde hace años.
