Ciudad de México.- En 11 estados del país existe el mayor riesgo de que el crimen organizado intervenga durante el proceso electoral federal y estatal en marcha, en el que se disputan más de 21 mil cargos de elección, entre alcaldías, diputaciones y gubernaturas en el país.
Se trata de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Baja California Sur, San Luis Potosí y Zacatecas, según la Estrategia de Protección en Contexto Electoral elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que a juicio de algunos expertos en seguridad, se implementó tarde, es insuficiente y no incluyó al Instituto Nacional Electoral (INE).
La dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez ve a Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco con la mayor posibilidad de que los criminales busquen cooptar a candidatos para tener control territorial de las actividades ilícitas y acceder a los recursos públicos.
De acuerdo con el último reporte de la SSPC, 117 candidatos de todos los partidos políticos fueron amenazados o agredidos entre el 4 de marzo y el 8 de abril, de los cuales tres fueron asesinados y 41 de ellos tienen protección, es decir, escoltas.
Van 103 ataques contra aspirantes, en su mayoría candidatos a presidencias municipales y a diputaciones locales en el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo.
Desde septiembre del año pasado cuando dio comienzo el proceso electoral, Integralia Consultores, dirigido por el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, lleva contabilizados 167 eventos de violencia política que han dejado 169 víctimas, de las cuales 118 fueron mortales.
«Lo que hemos visto hasta ahora es que este proceso electoral ya se colocó como el segundo más violento de la historia democrática de México. El crimen organizado participa en los procesos electorales en formas distintas, que van desde apoyar con recursos financieros que eluden los controles oficiales, promoviendo aspirantes que les son funcionales, inhibiendo la participación de otros e incluso ejecutando a los rivales», comentó Ugalde.
Expertos en seguridad consideran focos rojos a los estados de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero, Guanajuato, Sonora y Tamaulipas, donde el crimen organizado está más fortalecido.
Márquez Blas consideró que el gobierno federal carece de un plan viable, realista y eficaz para contrarrestar la intromisión del crimen organizado, además de que no incluyó al INE y a los partidos políticos.
El gerente de Riesgo Político de Integralia, Carlos Rubio, afirmó que han identificado una intención clara del crimen organizado de hacerse con el control de los gobiernos municipales de Guanajuato.
Carlos Rubio explicó que Integralia clasificó como zonas principalmente conflictivas el centro y sur-sureste de la República, con focos rojos de violencia muy importantes en los casos de Veracruz y Oaxaca, que son los que han registrado el mayor número de incidentes de violencia política y también el mayor número de víctimas de estos delitos.
En ese mismo sentido opinó el investigador de la UNAM, Raúl Benítez Manaut, quien mencionó que no hay una estrategia verdadera de contención para evitar que los grupos delincuenciales utilicen a los políticos para proteger sus intereses.
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