Hipólito Moreno Tapia
Álamo, Ver.- La detención del estudiante de la Universidad Veracruzana (UV), Juan Diego García Cruz, de 18 años, ocurrió con irregularidades y se violaron sus derechos ciudadanos, acusó su madre, Alba Judith Cruz Valadez.

Ante la serie de presuntas irregularidades, pidió la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadans, y del rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez.

En un documento dirigido a las citadas autoridades, expuso que su hijo fue “privado de su libertad por un grupo armado” alrededor de las 22:30 horas del jueves 5 de septiembre, cuando arribaron “en una camioneta RAM blanca doble cabina, sin placas, al domicilio (calle Tulipanes 20 de la colonia Vista Hermosa de la ciudad de Tuxpan) donde se encuentra pensionado, ya que es un estudiante de primer semestre en la carrera de Médico Veterinario y Zootecnista”.

Sin embargo, en el Reporte Nacional de Detenciones se indica que Juan Diego fue detenido el viernes 6 de septiembre a las 14:47 horas, a la orilla de la carretera federal Tuxpan-Tampico, cerca de la parada de autobuses en la comunidad Buenos Aires.

Alba Judith añadió que, al enterarse del presunto secuestro, hizo un reporte al 911 y el 6 de septiembre acudió al domicilio de su hijo, donde se percató de que el cuarto “se encontraba violentado en exceso”, pero personal de la Secretaría de Marina que estaba en el lugar le impidió tomar fotografías.

Enseguida acudió a la Fiscalía Regional para interponer una denuncia por la desaparición, donde fue atendida por el fiscal Mariano Villegas San Gabriel, quien le indicó que la Alerta Ámber se haría posteriormente y la citó para el lunes 9 de septiembre.

No conforme, alrededor de las 3:30 de la tarde se trasladó a la Delegación Regional de Policía Ministerial, donde inicialmente le negaron información, pero descubrió que en un escritorio de la recepción había pertenencias de su hijo. Al cuestionar, fue expulsada de la oficina.

Minutos después, agregó, le informaron que estaba detenido y a disposición de la fiscalía del fuero común.

La madre fue a la fiscalía, pero le dijeron que no lo tenían a disposición; sin embargo, se quedó y a las 17:30 horas observó que llegó un auto Chevrolet Aveo color vino, sin logo oficial, del cual bajaron a Juan Diego esposado de pies y manos.

“Ahí me entero de que mi hijo está inculpado por el delito de narcomenudeo y faltas a las instituciones públicas, llegando con algunas pertenencias y una bicicleta que no es su propiedad y se sabe fue sustraída de un domicilio en la ciudad de Álamo”, refirió la madre, quien es empleada del ayuntamiento alamense.

Alba Judith Cruz señaló que la detención fue “con exceso de violencia y violando sus derechos constitucionales, así como el derecho de comunicación, porque en ningún momento dieron informes de mi hijo, y mucho menos le permitieron llamar a algún familiar, por lo que considero que es un indebido proceso lo ocurrido con él”.

La madre dijo temer por la integridad física de Juan Diego y de su familia por la forma en que sucedieron los hechos. “No fue una detención en flagrancia, como lo hacen suponer”, recalcó tras solicitar atención sobre el proceder ético y legal de las instituciones involucradas.

“Antes de que supiera de su detención, hice diversas llamadas a su número de teléfono 7651143093 sin tener respuesta, y también observé que la última conexión había sido a las 11:00 de la noche del día 5 de septiembre de 2024. Al volver a intentar contactarme con él, me di cuenta de que a las 2:54 de la tarde había estado conectado al WhatsApp, pero no hubo respuesta”, concluyó.