Advierten sobre la existencia de basureros a cielo abierto y urgen a autoridades municipales a reforzar las acciones ambientales.
Hipólito Moreno Tapia
Álamo, Ver.- Ante los problemas que se enfrentan en materia de manejo de residuos sólidos, la diputada local Imelda Garrido Alvarado exhortó a las autoridades municipales y organismos competentes a aplicar de manera integral la normatividad vigente para atender la contaminación generada por la basura y los desechos urbanos.
La legisladora, quien preside la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y de Protección y Bienestar Animal, hizo un llamado a los 212 ayuntamientos veracruzanos, así como a la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), para que den cumplimiento al Reglamento de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, emitido en noviembre de 2024.
Garrido Alvarado señaló que la entidad enfrenta una problemática ambiental que requiere atención inmediata, al señalar que existen más de 150 tiraderos a cielo abierto que operan como si fueran basureros municipales, además de una generación diaria de miles de toneladas de basura, así como la utilización de plásticos de un solo uso.
La legisladora sostuvo que estas condiciones representan un desafío para la salud pública y la conservación del entorno, por lo que consideró indispensable fortalecer las políticas de prevención, reciclaje y disposición adecuada de residuos.
Asimismo, afirmó que la protección del medio ambiente debe ser una prioridad en la agenda pública, al considerar que la población tiene derecho a vivir en comunidades más limpias y saludables, así como a contar con mejores condiciones ambientales para las futuras generaciones.
Finalmente, reiteró que desde el Poder Legislativo continuará impulsando iniciativas y acciones orientadas a enfrentar los retos ecológicos que enfrenta Veracruz, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente sano.